El Gobierno sospecha de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, luego de que fallaran a favor del empresario Cristóbal López y ya hace notar su descontento a la Justicia. En esa línea, la diputada oficialista Elisa Carrió ayer amplió ante el Consejo de la Magistratura su denuncia contra ambos magistrados sobre la presunción de que habrían recibido coimas.
En una ampliación de la presentación realizada la semana pasada, la diputada acusó a Ballestero por enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de varios inmuebles, al menos dos en la Capital Federal. Por otra parte, también sembró dudas sobre el camarista Farah, pues pidió determinar -tal cual aseguran rumores periodísticos- si familiares de ex directivos del Casino Puerto Madero cumplen funciones para el juez.
La ofensiva de Carrió va en línea con lo que piensan los asesores judiciales del presidente Mauricio Macri. Desde el círculo íntimo del mandatario, José Torello, expresó ayer "no hay nada más igualador y democrático que una buena justicia" y concluyó que "algunos jueces están destruyendo este concepto y los argentinos no vamos a permitirlo". La última semana apuntó directamente a Farah y Ballestero, luego de que hayan favorecido al empresario Cristóbal López.
Otro funcionario encumbrado habló con esa perspectiva a El Cronista, respecto a la liberación de magnate mediático vinculado al kirchnerismo. "Si Cristóbal dijo que fue "secuestrado", entonces quiere decir que pagó un rescate. En Comodoro Py tal vez compraron su protección, puede haber un negocio detrás", plantearon.
De hecho, ayer, tras el homenaje en Casa Rosada del director de la AFIP, Alberto Abad, se refirió a la causa que enfrenta el empresario Cristóbal López por la falta de pago del impuesto al combustible y consideró que podría vender "activos estratégicos" para "aplicarlos al pago de la deuda y los sueldos".
A su vez, el Consejo de la Magistratura puso en marcha la investigación solicitada por la Corte Suprema entorno a la integración del tribunal que liberó a Cristóbal López. Así, tomaron forma las presentaciones que se hicieron ante el organismo de control contra los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah, quienes ordenaron la excarcelación del dueño del Grupo Indalo y de su socio, Fabián de Sousa, y los beneficiaron con un cambio de carátula.