El Gobierno confirmó por primera vez en un documento oficial que existen denuncias vinculadas al patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y que el caso ya tiene derivación judicial, en medio de la creciente presión política sobre su situación. Además, se respondieron preguntas sobre la Causa Libra y ANDIS, ambas involucraran a la secretaria de la presidencia Karina Milei.
La admisión del patrimonio surge del Informe 145 presentado por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso, en respuesta a consultas formuladas por legisladores nacionales sobre la evolución patrimonial del funcionario. Allí se reconoce que la Oficina Anticorrupción (OA) recibió presentaciones recientes y avanzó en su análisis.
En ese marco, el propio informe señala que “la Oficina Anticorrupción (...) informa que ha recibido denuncias entre el 11 y el 25 de marzo de 2026 y ha realizado los análisis correspondientes sobre las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales del Sr. Manuel Adorni”.
El documento oficial detalla además que ese proceso se tramita bajo condiciones de confidencialidad, lo que limita el acceso público a la información más sensible del caso.
Según se consigna en la respuesta enviada al Congreso, esos datos se encuentran “en expedientes de carácter reservado… puesto que involucra eventuales procedimientos de control patrimonial”.
Uno de los puntos más relevantes es que el informe reconoce explícitamente que una parte sustancial del patrimonio vinculado al funcionario no es de acceso abierto, ya que corresponde a su entorno familiar.
En ese sentido, la Jefatura de Gabinete precisó ante los diputados que “los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar… se incluyen en el Anexo Reservado del Formulario 1246” .
En paralelo, el Ejecutivo confirmó que esa información ya fue remitida a la Justicia en el marco de una investigación penal en curso. De acuerdo al informe elevado al Congreso, esto ocurrió “solo frente a un requerimiento judicial… así lo hizo ante la primera solicitud de la Fiscalía… en la causa nº 1003/2026 (‘Adorni, Manuel s/ enriquecimiento ilícito’)”.
Pese a estos reconocimientos, el documento evita dar precisiones sobre la composición concreta del patrimonio, su evolución o el origen de los fondos, y deriva parte de esas respuestas a otros apartados del mismo informe. En uno de esos tramos, se indica que “la información relativa al patrimonio… ha sido evacuada en la Pregunta N° 1780”.
De este modo, en respuesta a los requerimientos de los legisladores, el Gobierno reconoce formalmente la existencia de denuncias, el análisis administrativo y la intervención judicial, pero mantiene bajo reserva los datos clave sobre el patrimonio del funcionario y su grupo familiar.
El tema suma presión sobre la Casa Rosada en la antesala de la presentación de Adorni ante el Congreso, donde deberá dar explicaciones en un contexto político cada vez más atravesado por el caso.
Causa ANDIS: actuaciones reservadas del Gobierno
El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dedicó un apartado a la causa judicial que involucra a la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde también aparece mencionada Karina Milei.
Allí, el Gobierno evitó pronunciarse sobre el fondo del expediente y remarcó que los hechos están bajo investigación judicial, al tiempo que confirmó que se iniciaron actuaciones administrativas internas para analizar posibles responsabilidades dentro del organismo.
Según la respuesta oficial, esas actuaciones disciplinarias tramitan de manera reservada en el ámbito del Ministerio de Salud, luego de la intervención y posterior disolución de la ANDIS. El Ejecutivo encuadró esa decisión dentro de un proceso más amplio de reorganización estatal, formalizado a través del Decreto 942/25, que dispuso la centralización de las políticas de discapacidad bajo la órbita sanitaria.
En paralelo, el informe defendió el traspaso de funciones y recursos, asegurando que no hubo interrupciones en los servicios. Los fondos, personal y estructuras de la ANDIS fueron absorbidos por el Ministerio de Salud, que pasó a asumir todas las obligaciones del organismo. La explicación oficial apunta a mejorar la coordinación, aunque el contexto es el de una intervención previa motivada por presuntas irregularidades.
Sobre uno de los puntos más sensibles, la subejecución presupuestaria, el Gobierno negó que haya existido una decisión deliberada de no gastar. En cambio, atribuyó el bajo nivel de ejecución a problemas estructurales detectados tras la intervención: circuitos administrativos fragmentados, debilidades en los controles y escasa trazabilidad del gasto. A partir de ese diagnóstico, se impulsó una revisión integral de los mecanismos de auditoría y pago.
En esa misma línea, el informe justificó el freno en el gasto real en discapacidad y rechazó que exista un ajuste. Sostuvo que las medidas adoptadas buscan ordenar el sistema y garantizar transparencia, al tiempo que defendió su compatibilidad con la Constitución. También remarcó que hubo actualizaciones en los valores de las prestaciones y que no se interrumpieron servicios, incluso en el caso de organismos como el PAMI.
Finalmente, el Gobierno negó cualquier política de recorte en pensiones o beneficios, y aseguró que las auditorías sólo buscan asegurar que la asistencia llegue a quienes corresponde. Respecto de las denuncias por sobreprecios, confirmó que los hallazgos de la intervención fueron remitidos a la Justicia, donde la causa sigue en trámite. Así, el informe de Adorni combina una defensa del reordenamiento administrativo con el reconocimiento implícito de irregularidades que hoy forman parte de la investigación judicial.
Causa LIBRA: sin respuestas
La Jefatura de Gabinete responde que la causa vinculada al criptoactivo $LIBRA está bajo investigación judicial en curso, en la Causa N° 574/2025 y acumuladas, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8 con intervención de la Fiscalía Federal N° 3.
En ese marco, el informe insiste en que una parte sustancial de la información pedida está bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial y que su divulgación podría comprometer la investigación y los derechos de las personas involucradas.
Sobre Javier Milei, el informe que presentó Adorni aseguró que no existe constancias en los registros y documentos de la Administración Pública Nacional de acuerdos, convenios, cartas de intención, memorandos ni otros instrumentos formales o informales vinculados con Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, CUBE Exchange, Kelsier Ventures, KIP Protocol, y otras personas ligadas al proyecto $LIBRA.
También afirmaron que no hay información oficial sobre pagos, honorarios, comisiones, contraprestaciones o beneficios económicos asociados a reuniones, gestiones o promociones relacionadas con el caso.
En relación con la Secretaria General de la Presidencia, la respuesta va en el mismo sentido. El informe asegura que no existen constancias de acuerdos, cartas de intención, memorandos o instrumentos de ningún tipo entre ella, el Presidente o el resto del Poder Ejecutivo con personas o empresas vinculadas a $LIBRA.
El informe también marca que las reuniones en Casa Rosada, en la Quinta de Olivos y en el marco de Tech Forum Argentina fueron registradas por los mecanismos institucionales habituales y bajo la normativa de transparencia vigente.
A la vez, reconoce que esas reuniones con personas que luego quedaron vinculadas al caso fueron informadas en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública.
En cuanto a medidas adoptadas, el informe dice que el Poder Ejecutivo impulsó una investigación administrativa a través del Decreto 114/25, con intervención de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Tareas de Investigación. También afirma que la CNV abrió un expediente propio sobre $LIBRA, luego archivado, y que desde el Ejecutivo se respondió a los requerimientos del fiscal y del juez intervinientes sin obstruir la investigación.