

Mientras transcurren los últimos minutos de la licencia médica presidencial, en la agenda veraniega empresaria hay dos urgencias. Por un lado, la crisis energética o, mejor dicho, la crisis eléctrica en este caso; y por otro, la urgencia gubernamental por aprobar en sesiones especiales en la Cámara de Diputados, el convenio firmado por el Gobierno de Cristina Kirchner con el de China.
Aunque aún no se hizo público, en los despachos del Palacio de Hacienda ya circula un dato que le pega al corazón de la actividad económica 2014 y que marca la tendencia con la que se perfila el primer trimestre de este flamante 2015.
En diciembre el consumo eléc
trico de toda el área metropolitana cayó, en promedio, un 11%. Esa zona representa al 40% de la demanda nacional; es decir que es un dato muy representativo del termómetro residencial pero, sobre todo, del que predomina en las fábricas y los grandes comercios. De ese modo, todo el año pasado cerraría con una disminución del 0,2% y, por lo tanto, se convertiría en el tercer año consecutivo con desempeño negativo. Hay que remontarse al 2002 de la poscrisis para encontrar una performance similar.
A la hora de entender las razones, se abren grietas más profundas dentro de las diferentes líneas que transitan el área energética gubernamental. Allí conviven (no siempre en gentil armonía) quienes responden al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, al ministro de Economía, Axel Kicillof, o al titular de Planificación, Julio De Vido.
De acuerdo entonces con esos parámetros se inclina más balanza hacia los factores climáticos y las crisis internacionales o hacia lo que es evidente: una baja en la nivel de actividad económica que hasta el propio INDEC tuvo que reconocer.
El Gobierno se debate ahora en torno a qué hará con estos datos. El menú no parece ser muy amplio: eliminación de subsidios a algunos hogares residenciales, lo que implicaría un costo político en un año electoral, o liberación de fondos para obras a las distribuidoras. Este es un recurso del que ya se echó mano el año pasado mediante la Resolución 347 mediante la que el ENRE (Ente Regulador Eléctrico) le permitió a las distribuidoras aplicar un monto fijo diferenciado a las diferentes categorías de consumidores para la ejecución de obras de infraestructura y mantenimiento. Ese dinero se deposita en una cuenta cuyo control está en manos del Gobierno, el Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica. ¿Cómo funcionó hasta ahora? Trajo poco alivio económico a las empresas (aunque sí cosmética contable) y hubo nula cantidad de obras realizadas.
En cuanto al convenio con China; los detalles que se desconocen amenazan con convertirse en un verdadero cuento chino para los sectores productivos. Los textos desconocidos de los reciente documentos firmados por el Gobierno como acaba de descubrirse traerían también fuertes dolores de cabeza para los funcionarios y la mismísima Presidenta, a juzgar por el desenlace judicial en torno al Tratado con Irán.
Como ya se adelantó en El Cronista, en este mismo espacio, el 28 de noviembre, en el sector privado observan con muchas dudas y temores el hecho que el Gobierno no haya dado a conocer los detalles de acuerdo firmado con China. Ese acuerdo ya tuvo la aprobación veloz y silenciosa de los senadores y en la Casa Rosada aspiran a que ahora sean los diputados quienes sigan ese mismo camino para que la Presidenta viaje a Bejing, a mediados de febrero, con esa carta poderosa en su manga.
Mientras que el titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, acaba de gatillar el segundo tramo del Swap firmado con China para fortalecer las Reservas del BCRA; en los sectores productivos apuntan al hecho de que el 25% de las medidas antidumping aplicadas desde 2005 por diferentes países desde 2005 hasta ahora cuestionan el accionar de empresas chinas que, como se sabe, son estatales. Las que más se destacan son las denuncias de sectores químicos y de metales, que explican el 22% de las demandas cada una, así como de los textiles (10%).
Además, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), China cada vez acumula más denuncias por lo que se denomina casos de circunvención: es decir denuncias de elusión o falsificación de documentación vinculada con el comercio exterior. Este último punto es que pone en vilo a toda la Unión Industrial Argentina, que preside Héctor Méndez , junto al secretario y legislador por el Frente Renovador, Ignacio de Mendiguren. En la entidad sostienen que el convenio en cuestión podría ser una variante de triangulación de importaciones dentro del país y del Mercosur y que perforarían aún más la actividad fabril que ya acumula 16 meses consecutivos de caída.
Quienes lo miran de esta perspectiva sostienen que el verdadero objetivo de China son las materias primas y que eso llevaría la primarización de la economía. De acuerdo con estadísticas del Congreso de los Estados Unidos, el 94% de la inversión china mundial es en petróleo, gas, minería y agricultura exclusivamente.
Estos son los temas de la agenda empresaria nacional que cruzarán el río este fin de semana y se trasladarán al habitual asado VIP que el titular del Banco Macro, Jorge Brito, organiza cada año en Punta del Este en su chacra Mamá Ganso. Con aroma a fin de ciclo, este año ya hay récord de asistencias confirmadas.













