La corrupción no discrimina entre partidos políticos, gobiernos ni fronteras. Afecta a todos y beneficia a muy pocos. Con ese diagnóstico lo esperable sería que fuera una prioridad para cualquier sociedad. No es así. Ante una elección presidencial, el bolsillo de la gente pesa más que cualquier acusación de quién fue más o menos corrupto. Y para los gobernantes, ocurre lo mismo. El empleo, la inversión, el precio del dólar, y desde hace poco el “emprendedurismo son el norte. ¿Y la corrupción y el lavado de dinero? Que quede para los discursos, las cumbres internacionales, o para dibujar un poco los resultados ante una evaluación para entrar a la OCDE o para evitar quedar en la lista gris del GAFI. Porque, al fin y al cabo, si se trata de dinero que va a generar empleo, inversión y recaudación, o llenar las reservas del Banco Central, poco importa si viene del narcotráfico, del blanqueo, del FMI o de la soja.

Hasta el Banco Mundial se preocupa por cuán fácil es hacer negocios en cada país más que por cómo viene en la lucha anti-corrupción. Su conocido informe “Doing business fomenta por ejemplo la simplicidad y rapidez para crear empresas, sin cuestionarse mucho para qué serán usadas. La lucha contra la corrupción parecería entonces no tener salida. Los economistas dirían que es un problema de free-riders (los polizontes que se benefician son pagar o contribuir con los costos), las ONGs de falta de voluntad política. Pero contra todo pronóstico, existe un consenso entre organismos internacionales, expertos anti-corrupción, ONGs, instituciones financieras y cualquier empresa con un programa de compliance sobre la solución, o por lo menos una herramienta que facilitaría mucho las cosas: la transparencia de los “beneficiarios finales de las empresas.

Conocer los “beneficiarios finales significa identificar a los individuos de carne y hueso que efectivamente son los dueños y controlantes de cualquier empresa o entidad. “Finales porque requiere identificar toda la cadena de titularidad: la empresa A que es dueña de B que a su vez es dueña C y así sucesivamente hasta llegar a una persona humana.

A modo de analogía, la transparencia de los beneficiarios finales sería como pasar a las empresas por un scanner como los que hay en los aeropuertos. Lo que sucede actualmente en materia de transparencia es preguntarle a la empresa qué hay en el equipaje (quién es el accionista o socio). Pero si luego de abrir la valija en vez de ropa hay otro bolso (otra empresa), se deja de preguntar. Los encargados de seguridad de los aeropuertos se dieron cuenta hace años de que debían ir más a fondo y por eso incorporaron máquinas de rayos X. Como no existe un aparato similar para las empresas, la transparencia de beneficiarios finales exigiría abrir cada valija, y cualquier otro bolso o bulto que haya adentro, hasta llegar al contenido real del equipaje, para verificar que haya solo ropa (y no armas ni drogas).

¿Qué buscaría detectar la máquina de rayos X para empresas? Por ejemplo, si la empresa obtuvo un contrato del Estado pero el dueño es un funcionario público relacionado a la contratación. O que el dueño no sea un narcotraficante o terrorista. La transparencia de beneficiarios finales haría que la lucha anti-corrupción sea prácticamente autosuficiente, o por lo menos daría suficientes herramientas a las autoridades, ONGs y periodistas para descubrir los ilícitos económicos que ocurren a plena luz del día.

Hace más de una década que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) relacionado a las recomendaciones anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo viene evaluando a los países en materia de beneficiarios finales. El G-20 adoptó principios sobre transparencia de beneficiarios finales en 2014, y desde 2016 el Foro Global dependiente de la OCDE incorporó el tema para sus evaluaciones.

La transparencia de beneficiarios finales tomó un verdadero impulso luego de los Panama Papers. El Reino Unido ofrece un registro online, público y gratuito de beneficiarios finales desde 2016, y varios países europeos lo copiaron, incluyendo Ucrania, Dinamarca y pronto Noruega y Luxemburgo. La 5ta Directiva anti-lavado de activos de la Unión Europea exige a todos sus miembros establecer registros públicos de beneficiarios finales para 2020.

Más allá de Europa, Estados Unidos tiene un proyecto de ley con apoyo de los principales partidos políticos para exigir la registración de beneficiarios finales. Brasil y República Dominicana exigen suministrar a las autoridades fiscales información sobre los beneficiarios finales de las empresas. Costa Rica y Uruguay ya cuentan con registros de beneficiarios finales en el Banco Central, tanto para empresas como para fideicomisos. Incluso los tradicionales paraísos fiscales como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey o la Isla de Man ya cuentan con registros de beneficiarios finales.

Y, ¿la Argentina? Brilla por su ausencia. Funcionarios del gobierno y los organismos de control expresaron durante las jornadas internacionales sobre Registros Públicos de Beneficiarios Finales organizadas por Fundación SES, Tax Justice Network y la Procelac su interés por avanzar en la registración de los verdaderos dueños de las empresas. Y, aunque la Inspección General de Justicia (IGJ) empezó a requerir una declaración de beneficiarios finales desde la Resolución 7/2015, no ocurre lo mismo en el resto de los registros comerciales provinciales y no puede accederse online ni siquiera a los accionistas o socios de las empresas. Obtener información societaria es engorroso hasta para los fiscales. Esto no es una utopía. La Argentina no necesita ser innovadora. Ni siquiera líder. Simplemente igualar los niveles de transparencia que hasta muchos paraísos fiscales ya ofrecen.