Donald Trump logró reordenar el comercio mundial apelando a una sola herramienta: la imposición discrecional de aranceles. En algunos casos los subió a niveles siderales. En otros bastó con la amenaza de llevarlos a un nivel capaz de sacar a un país o a una empresa del mercado estadounidense, el premio mayor por lo que implica una población de más de 340 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.
A una semana de que la Corte Suprema le quitara ese instrumento, reina la incertidumbre en los mercados y en las capitales. Nadie sabe si la reconfiguración que parecía consolidarse a finales del año pasado sigue en pie o entró en revisión. Sólo hay una certeza: Trump perdió poder de fuego.
La Corte no le prohibió usar aranceles. Lo que hizo fue declarar inválido el argumento legal con el que firmó la mayoría de las órdenes ejecutivas. Se basaban en una interpretación de la IEEPA, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La norma existe desde 1977, pero nunca se había usado para imponer aranceles de esta manera, entre otras cosas porque no menciona esa palabra. Para jueces apegados a la letra, eso alcanza para tumbar el atajo.
Varios asesores le habían advertido que era una fórmula vulnerable, entre ellos Scott Bessent y Jamieson Greer. Pero Trump no resistió la tentación de apoyarse en un marco que le daba discrecionalidad total para castigar y premiar países con una firma. Eso ya no va a ser posible.
Ganadores y perdedores
El impacto no es solo económico. Trump usó los aranceles como arma geopolítica: presionó a Brasil citando la persecución judicial a Jair Bolsonaro, amenazó a los BRICS si avanzaban con la desdolarización y repartió premios a aliados con una tarifa mínima del 10% e incluso excepciones. Argentina fue un caso testigo.
Después del fallo, Trump y su equipo repitieron que nada había cambiado porque podían hacer lo mismo con otros métodos. Para demostrarlo, promulgó una orden ejecutiva que activó desde este martes aranceles del 10% a todos los países, invocando la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que habilita subas de hasta 15%.
Pero esa vía tiene límites fuertes. Dura 150 días: después el Congreso debe decidir si los ratifica, porque la política comercial, por diseño, es del Legislativo. Y además no permite discriminar entre naciones. La clave de los aranceles como presión es justamente poder repartir premios y castigos.
Los ganadores son los que habían sido castigados con las tasas altas. Brasil, que todavía tenía aranceles cercanos al 50% para algunos bienes, baja ahora al 10%. China, que estaba en torno al 30% en varios rubros, se beneficia con una caída fuerte en su costo de acceso al mercado estadounidense. También se alivian países del sudeste asiático que habían recibido subas por sus enormes superávits comerciales con Estados Unidos.
Los perdedores son, paradójicamente, aliados que habían conseguido trato preferencial a cambio de concesiones. El Reino Unido aseguró el 10% tras negociar rápido. La Unión Europea avanzaba hacia un acuerdo para que el 15% fuera el precio de la paz comercial, pero ahora se encuentra con un 10% sin dar nada a cambio.
Argentina puede ser de los que más pierdan. No solo por los productos que habían quedado con arancel cero y vuelven al 10%. El golpe principal es otro: el gran beneficio era tener tarifas de 0% a 10% mientras competidores directos como Brasil pagaban 50%. Ese diferencial, que generaba una ventaja comparativa enorme, se evaporó.
Por eso muchos países que firmaron acuerdos se preguntan si deben cumplir con todo lo comprometido. Quienes aún deliberaban, como la UE, recalculan. Bruselas pidió claridad a Washington y exigió respetar lo pactado el año pasado. En el Parlamento Europeo congelaron el proceso de ratificación.
El Plan B
A los escépticos, Trump les respondió con una advertencia: “Cualquier país que quiera hacerse el vivo con la ridícula decisión de la Corte, especialmente los que vienen estafando a Estados Unidos desde hace años, se va a encontrar con un arancel mucho más alto del que había acordado. O con algo peor”.
Tiene otras herramientas. El problema es que son más lentas y engorrosas. La sección 301 de la Ley de Comercio permite imponer aranceles por prácticas injustas, pero exige investigación y expediente: sirve contra uno o algunos países, no para apretar a 40 a la vez. La sección 232 habilita aranceles sectoriales por seguridad nacional, como los que siguen vigentes en acero y aluminio, pero es difícil imaginarla aplicada a productos comunes.
La administración insiste en que puede reconstruir presión por esa vía. Greer anticipó novedades en los próximos días. Más allá de los detalles técnicos, el dato político es este: desde que volvió a la Casa Blanca, Trump demostró una vocación inédita para usar todo el poder disponible y castigar a quien se le ponga enfrente. Apostar en su contra puede ser peligroso.
En esa disyuntiva no están solo los gobiernos. También grandes corporaciones que pagaron miles de millones en aranceles ahora declarados ilegales. Podrían reclamar reembolsos. Pero muchas se preguntan si conviene ponerse en contra a este presidente.