CIUDAD DEL VATICANO - El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar un acuerdo para conceder otro nuevo préstamo a la Argentina, y el directorio ejecutivo del FMI se reunirá esta semana para decidir al respecto. Muchos en Argentina ya lo han hecho: la nueva deuda se consideraría ilegítima. Si el FMI desembolsara el préstamo en las condiciones actuales, violaría sus propias normas de préstamo, y hacerlo supondría innumerables riesgos para el multilateralismo y perjudicaría al pueblo argentino. El directorio debe actuar con decisión para mitigarlos. Argentina ya es el mayor deudor del FMI, con aproximadamente el 37% del total de créditos pendientes del Fondo -31.100 millones de derechos especiales de giro (el activo de reserva internacional del FMI, que a su vez refleja una canasta de las principales monedas) de 84.200 millones -y el 28% del crédito total aprobado de 110.000 millones-. En 2018, el FMI aprobó un préstamo de 57.000 millones de dólares a la Argentina -el mayor de su historia a un solo país-, del que se desembolsaron casi 45.000 millones. Pero la financiación se detuvo después de que el presidente Mauricio Macri perdiera su candidatura a la reelección en 2019, y ahora la opinión generalizada es que el préstamo tuvo motivaciones políticas. Para empeorar las cosas, los fondos desembolsados financiaron una fuga de capitales de alrededor de 24.000 millones de dólares por parte de especuladores de carry trade. El resto se utilizó para amortizar unos 21.000 millones de dólares en bonos soberanos insostenibles -deuda que tuvo que reestructurarse en 2020, cuando yo ya era ministro de Economía de la Argentina. El FMI reconoció este fracaso en diciembre de 2021 en una "Evaluación Ex Post del Programa" de su Acuerdo Stand-By de 2018 con la Argentina. El Fondo concluyó que debería haber habido regulaciones de la cuenta de capital para evitar la fuga de capitales, así como una reestructuración de la deuda para evitar que los recursos del FMI se utilizaran para pagar deuda pública insostenible con el sector privado. Ahora, el FMI lidia con Javier Milei, el radical de extrema derecha que llegó a la presidencia en diciembre de 2023. Desde entonces, la Argentina ha experimentado un resurgimiento masivo de la actividad de carry-trade (cuando los inversores se endeudan a una tasa de interés baja y utilizan los ingresos para invertir en otra divisa o activo que promete una mayor tasa de retorno). El uso del tipo de cambio por parte del gobierno de Milei como ancla nominal para contener la inflación produjo una fuerte apreciación real del peso, lo que se tradujo en rendimientos exorbitantes de las inversiones financieras en moneda local. Los inversores esperaban un tipo de cambio oficial estable y, frente a las intervenciones del gobierno en el mercado paralelo de "blue-chips" (CCL/MEP), apostaron fuertemente por las operaciones de carry trade. Solo en los últimos 15 meses, la rentabilidad del carry trade en dólares estadounidenses ha alcanzado el 43%. Pero este ingreso de capital no se tradujo en una inversión sostenible en la economía real, especialmente en los sectores comercializables. En su lugar, el dinero se destinó a la especulación financiera a corto plazo, y ahora estamos asistiendo a una reversión de esos flujos. El gobierno de Milei quiere el nuevo préstamo del FMI para poder intervenir en los mercados de divisas y gestionar el tipo de cambio de cara a las elecciones legislativas de este año. A diferencia de 2018, la Argentina cuenta ahora con una ley -aprobada casi por unanimidad por ambas cámaras del Congreso en 2021- que requiere la aprobación parlamentaria para cualquier programa de financiación del FMI, con el objetivo de evitar que futuros gobiernos se endeuden masivamente en moneda extranjera y bajo leyes extranjeras sin la debida supervisión legislativa. Pero el gobierno de Milei ha eludido la ley con la emisión de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) -el equivalente argentino de una orden ejecutiva de emergencia- para evitar por completo la aprobación del Senado. Mientras tanto, la unilateralidad del gobierno ha provocado una reacción violenta en el sistema político argentino. Tres senadores han enviado una carta al director gerente y a la junta ejecutiva del FMI advirtiendo que el desembolso de un préstamo en condiciones tan irregulares violaría los propios Criterios de Acceso Excepcional del FMI -concretamente el criterio que exige un amplio apoyo político y capacidad institucional para la implementación del programa. Los senadores advirtieron que tal incumplimiento haría que el préstamo resultara ilegítimo, y muchos otros comparten esa preocupación. El ministro de Economía argentino incluso ha admitido públicamente que el DNU se emitió para superar una falta de apoyo mayoritario en el Senado, no para hacer frente a una verdadera emergencia. Y el gobierno ha declarado explícitamente que no solicita el préstamo para apoyar el presupuesto, sino para aumentar las reservas de divisas para uso discrecional por parte del banco central. El propio DNU afirma que parte del nuevo préstamo se utilizará para refinanciar unos 14.000 millones de dólares de deuda con el FMI que vencen entre septiembre de 2026 y marzo de 2029. La financiación total en el marco del nuevo programa propuesto es de 20.000 millones de dólares, pero al parecer el gobierno solicita un desembolso del 75% -15.000 millones de dólares- durante el primer año. ¿Por qué necesitaría 15.000 millones de dólares este año -por los que la Argentina pagaría fuertes intereses- si los reembolsos al FMI no se reanudan hasta septiembre de 2026, y si se espera que el aumento neto de la deuda con el FMI sea de 6.000 millones de dólares? La respuesta obvia es que el gobierno quiere liquidez inmediata para financiar las intervenciones cambiarias. Si el FMI sigue adelante con este plan, reforzará la percepción de que está motivado políticamente y hará que a la Argentina le resulte aún más difícil refinanciar su deuda externa restante con los acreedores privados: cuando un país debe una suma de gran envergadura al FMI -un acreedor principal con estatus preferente-, otros prestamistas se ven disuadidos de conceder créditos, porque saben que estarían por detrás del FMI en prioridad de reembolso. En términos más generales, un nuevo préstamo del FMI por motivos políticos tendría profundas implicancias globales. El FMI podría acabar aún más enredado en la política interna de la Argentina para garantizar el reembolso, y partes del sistema político argentino ya están advirtiéndole al FMI que cualquier nuevo desembolso será considerado ilegítimo. ¿Realmente el Fondo quiere que se piense que está haciendo campaña a favor del actual gobierno en las próximas elecciones presidenciales? Huelga decir que esto dañaría gravemente la credibilidad global del Fondo. Y el daño no acabaría ahí. Un préstamo con motivaciones políticas añadiría riesgo de impago a la cartera del FMI, reduciendo su capacidad de respuesta a crisis en otros lugares y poniendo en peligro su capacidad para cumplir su misión principal de ayudar a los países con problemas de balanza de pagos. Para la Argentina, el futuro parece claro: en algún momento, se hará evidente que un nuevo préstamo del FMI no reparará la dinámica de la cuenta corriente -y menos aún si el préstamo vuelve a utilizarse para financiar la fuga de capitales-. Las presiones sobre el tipo de cambio serán aún mayores que si el FMI no hubiera ayudado al gobierno, y esto resultará muy costoso para el pueblo argentino -y para el propio FMI. Martín Guzmán, exministro de Economía de la Argentina, es profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia. 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