La Cámara de Diputados aprobó esta semana la denominada Ley de Modernización Laboral, un proyecto que representa el mayor rediseño del sistema laboral argentino en varias décadas y que ahora deberá ser ratificado por el Senado debido a las modificaciones introducidas durante el debate, particularmente la eliminación del artículo relacionado con licencias por enfermedad.
Así, la iniciativa redefine múltiples aspectos de la relación laboral, desde modalidades de contratación hasta incentivos fiscales para promover el empleo formal.
Aunque el texto es extenso y abarca más de 200 artículos, especialistas destacan dos elementos con impacto inmediato sobre las prácticas empresarias:
- Los nuevos alcances del control de contratistas.
- El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL).
Ambos mecanismos, de naturaleza distinta, se presentan como oportunidades para que las empresas revisen procedimientos internos, reduzcan contingencias y accedan a beneficios fiscales relevantes.
En materia de control de contratistas, la ley introduce una innovación crucial: la empresa principal podrá eximirse de responsabilidad solidaria siempre que demuestre haber verificado adecuadamente el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social por parte del contratista. Esto representa un giro significativo respecto del esquema histórico de cargas solidarias previsto en la Ley de Contrato de Trabajo.
Este cambio convierte la gestión documental en un proceso central para la mitigación de riesgos. En términos prácticos, las compañías deberán reforzar —y en muchos casos profesionalizar— sus procedimientos de auditoría de proveedores, considerando que ahora la evidencia de control adquiere valor probatorio directo para proteger su patrimonio ante eventuales litigios.
Por otro lado, el RIFL emerge como uno de los incentivos más potentes del nuevo esquema laboral. Este régimen contempla una reducción sustancial de las contribuciones patronales por 48 meses a partir del inicio de una nueva relación laboral, lo que transforma la contratación de nuevos empleados en una oportunidad financiera relevante para sectores productivos que buscan mantener o expandir sus nóminas en un contexto económico desafiante.
El proyecto aprobado en Diputados confirma que las empresas que contraten trabajadores bajo las condiciones previstas por el RIFL podrán acceder a una baja significativa de la carga patronal por un período extendido (en algunos casos, menos del 15% contra el 27% que pagan algunos empleadores), con el objetivo explícito de fomentar la formalización y disminuir la informalidad laboral estructural del país.
La articulación entre ambos instrumentos —control de contratistas y beneficios fiscales para nuevas contrataciones— sintetiza el espíritu general de la reforma: trasladar responsabilidades de cumplimiento hacia procesos verificables y simultáneamente ofrecer estímulos económicos para acelerar la regularización y el empleo registrado.
Si bien aún falta la instancia decisiva del Senado y su posterior promulgación y reglamentación, muchas empresas ya comenzaron a evaluar ajustes internos para alinearse a las nuevas exigencias y detectar oportunidades de ahorro y eficiencia.
La eventual ratificación podría acelerar la necesidad de adecuación en áreas de recursos humanos, administración de proveedores y gestión de nómina, sumadas con una simplificación y digitalización de la documentación laboral.
En este contexto, la reforma laboral abre un escenario con muchos cambios inminentes con implicancias profundas. Las empresas deberán anticiparse, revisar sus prácticas tradicionales y capitalizar los incentivos disponibles, tecnificar y digitalizar aún más sus procesos.