El gobierno impulsa una reforma laboral como eje de su estrategia para resolver los problemas del mercado de trabajo. El enfoque deposita un optimismo excesivo en los cambios regulatorios y subestima los límites del actual programa económico. Esta mirada tiene varios problemas.

En primer lugar, atribuye la informalidad y los bajos salarios a las regulaciones y a las altas contribuciones patronales, cuando la evidencia muestra que las reformas por sí solas no crean empleo: solo moldean el marco de relaciones laborales. La evolución del empleo depende del crecimiento económico, la productividad y la demanda de trabajo, especialmente en una economía con desempleo e informalidad como la Argentina. Las reformas pueden mejorar la calidad del empleo solo si se articulan con una macroeconomía estable y que impulsa el crecimiento balanceado de la economía, con precios relativos competitivos y políticas productivas que impulsen la productividad y la complejización productiva.

En segundo lugar, la informalidad es un síntoma de los problemas de baja productividad y de la falta de dinamismo del aparato productivo. La mayor parte del empleo no registrado está en empresas de muy baja escala que no pueden sostener los salarios y las condiciones laborales estables de la formalidad. La Argentina reproduce ese patrón: la economía tiende al estancamiento y no consigue sostener años de crecimiento hace más de una década y los sectores dinámicos de la actualidad generan tan poco empleo formal que, a pesar de que el PIB está en los mismos niveles de 2022-23, se recuperó solo un 20% del total de los empleos perdidos en inicios de 2024, acumulando una contracción de 177.000 puestos. Por eso, combatir la informalidad exige políticas macroeconómicas, productivas y sociales articuladas y balanceadas. La reducción de contribuciones patronales puede ayudar en las microempresas, pero su impacto será marginal si no se lleva adelante una estrategia más amplia de crecimiento y desarrollo económico.

En tercer lugar, la experiencia de nuestro país desacredita las ventajas de la flexibilización laboral. Ni la rebaja de costos de los 90, ni el aumento inicial de los 2000 mostraron correlación con la creación de empleo registrado: lo decisivo fue la expansión económica, con aumento de la productividad, gasto en infraestructura e integración productiva. Otra lección del pasado es que las rebajas de contribuciones amplias y horizontales, además de ineficaces, son muy costosas para el fisco. Esto lleva a pensar en esquemas de incentivos con límites claros, direccionados especialmente a empresas de baja escala.

Por último, la agenda oficial también busca descentralizar las negociaciones colectivas, debilitando las paritarias sectoriales. En economías dinámicas esto podría ser un aporte para mejorar eficiencia, pero en un contexto de estancamiento y baja productividad como el actual tiende a deprimir los salarios, debilitar pisos mínimos y aumentar desigualdades, como sugieren los datos recientes de salarios de convenios y efectivos.

En síntesis, la crisis de ingresos que sufre actualmente Argentina pide algo que las reformas laborales no pueden ofrecer. No crea empleo por sí sola y no reduce la informalidad sin crecimiento y mejora de la productividad.

La unilateralidad de la estrategia oficial agrava los problemas: sin consensos, la implementación es dificultosa, como demostró el capítulo laboral de la Ley Bases. La confrontación con sindicatos y la deslegitimación de la negociación colectiva pueden hacerla inaplicable.

Una reforma laboral eficaz debe evitar enfoques simplistas y apoyarse en acuerdos amplios con los actores. Una agenda de reforma gradual y continua puede incluir la actualización de los convenios, ámbitos de la coordinación de las paritarias, revisión de costos no salariales y articulación de las políticas laborales con las productivas. Sin ámbitos tripartitos, la reforma puede ser muy conflictiva, ineficiente en sus contenidos y con altos riesgos de reversibilidad.

En este marco, los objetivos del gobierno parecen enfocados en construir sobre la reforma laboral un hito de gobernabilidad. La discusión sobre la regulación laboral se vincula más a las necesidades de regreso a los mercados internacionales y a la consolidación de su hegemonía política doméstica, que a establecer un marco regulatorio duradero capaz de reducir riesgos e incertidumbres en el mundo del trabajo, condición necesaria para volver a generar empleo registrado en forma sostenida.

Por último, al margen de los problemas de la agenda oficial, la oposición lleva años defendiendo el actual status quo. Esta estrategia genera un vacío en la discusión pública y propicia un campo fértil para el avance de la propuesta oficial, en tanto no logra conectar con los problemas evidentes del mercado de trabajo. Se trata también de un punto central que moldeará el debate parlamentario próximo y el devenir de la reforma.