Existe un consenso generalizado en la sociedad que el nuevo ciclo político y económico que comenzará a partir de diciembre de 2015 deberá abordar y/o profundizar cambios en distintas políticas públicas. Entre éstas últimas claramente se inscriben las cuestiones vinculadas con la política tributaria.

Actualmente los países desarrollados están siendo testigos de un debate público sin precedentes relacionado con la cuestión tributaria y cómo se distribuye la carga fiscal entre los distintos actores económicos y jurisdicciones. Nuestro país no es ajeno a esa tendencia más allá de los problemas particulares que enfrenta nuestra economía. Como nunca tal vez en los últimos 30 de años de democracia, existe el convencimiento (no sólo en ámbitos académicos o profesionales) sino también en vastos estratos de la sociedad de que es necesario un debate de política tributaria profundo, técnico y honesto intelectualmente que permita, vía la distribución equitativa de la carga tributaria entre los distintos actores económicos y consumidores, emprender el camino del desarrollo económico sustentable incentivando la inversión y la creación de empleo.

El sistema tributario argentino se ha desvirtuado en los últimos años utilizando básicamente el impuesto inflacionario como herramienta de política tributaria. Esto no ha hecho otra cosa que incrementar la presión tributaria total de las empresas e individuos hasta hacer inviables ciertos negocios y desincentivando la inversión y la creación de empleo e incentivando, contrario sensu, la evasión fiscal. Existen actualmente estudios tributarios de organismos multilaterales que han analizado el comportamiento de determinadas variables tributarias de casi todos los países del mundo durante los últimos diez años. Estos llegan a la demostración empírica de que aquellos países que decrecen o crecen anémicamente tienen como denominador común una alta presión tributaria sobre las empresas y la complejidad de su sistema.

La utilización de la inflación como herramienta tributaria conduce necesariamente a la destrucción de la inversión y del empleo. En consecuencia, el nuevo ciclo deberá indudablemente involucrar a la sociedad en un debate de política tributaria amplio. La nueva administración deberá proteger a los ciudadanos y empresas de la inflación y no servirse de ésta para incrementar la presión fiscal y, en consecuencia, el gasto público. El tributo en todas sus variantes es en esencia la herramienta con la que cuenta el Estado para distribuir ingresos. La política tributaria deberá necesariamente girar en torno al catalizador más importante que tienen los Estados para distribuir esa riqueza, las empresas. Es de esperar que las nuevas autoridades que, en definitiva, sean depositarias de la mayoría del voto popular comprendan que la equitativa carga fiscal e incentivos fiscales a las empresas, ponderados, controlados y medidos adecuadamente, vuelven a la sociedad en inversión y creación de empleo.

Por último no debemos dejar de notar que existe también hoy una demanda social global a los gobiernos vinculada con la utilización de los dineros públicos. Con lo cual no sólo será necesario construir políticas que incentiven el desarrollo económico de empresas e individuos y distribuyan la riqueza sino también se deberá trabajar en el control y utilización eficiente y transparente de los dineros públicos. No debemos olvidar que el gasto público se financia con el ingreso privado.