La crisis económica y financiera que estamos viviendo es innegable, afecta a personas humanas y jurídicas, a empleados y empleadores.

Existen algunas medidas tomadas por las administraciones tributarias que van a contramano de esta crisis, incluso agravan sus efectos, asfixiando a empresas y empresarios, que son quienes en definitiva tienen el desafío de pagar todos los meses sueldos y proveedores y de esta manera permitir que la rueda económica y financiera continúe.

Nos referimos a cuestiones de "pura administración", es decir, que no son producto de una ley, ni requieren un cambio legislativo para su corrección.

Tal es el caso de las demoras en la devolución de saldos a favor de impuestos -3 años con suerte-, o en la negativa caprichosa a compensar ciertas obligaciones fiscales con saldos a favor impositivos (por ejemplo, el impuesto sobre los bienes personales por acciones y participaciones o impuestos internos).

Todo esto dificulta la gestión financiera de cualquier empresa -chica, mediana o grande-. Es cierto que se ofrecen créditos a tasas blandas; las empresas no quieren préstamos, sino que le devuelvan su dinero.

Aquí también recordamos que muchas administraciones tributarias provinciales recaudan en forma sistemática y premeditada -incluso con alevosía- anticipos a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos en exceso, creando saldos a favor permanentes.

Hay una superposición de regímenes de recaudación (retenciones, percepciones, por importaciones, por acreditaciones bancarias), fijando cada administración las alícuotas aplicables. En muchos casos, una empresa tardará dos o tres años en recuperar el saldo a favor (devaluado).

La obtención de certificados de no retención o percepción suele ser un calvario. El procedimiento -escrito y práctico- parece que busca desalentar el trámite más que solucionar un ingreso en exceso a cuenta de una obligación futura.

La creación de perfiles de riesgo fiscal, donde el contribuyente se entera de su calificación cuando ésta ya fue otorgada y sin posibilidad de defenderse anticipadamente también es un exceso -una vía de hecho-. En muchos casos, con ese "riesgo fiscal" se incrementan las recaudaciones anticipadas, y así volvemos al problema de los saldos a favor.

Respecto de las retenciones y percepciones, también los montos mínimos son bajos, lo cual contribuye a la "asfixia" financiera. A nivel nacional, los montos mínimos sujetos a retención del impuesto a las ganancias -RG 830- no se actualizan desde julio 2019. En la Prov. de Buenos Aires la retención mínima de ingresos brutos es de $ 2000 desde el año 2017. En un contexto de alta inflación, donde todo aumenta, dejar fijo un parámetro equivale a disminuirlo.

Hemos intentado ilustrar lo planteado, en el sentido que hay decisiones de administración -de mala administración- que en lo inmediato aportan recaudación a los estados nacionales, provinciales y municipales, pero que son verdaderos abusos de poder y van a contramano de las realidades y necesidades que esta crisis presenta.

La autoridad -el Estado- da un mal ejemplo, lo cual desalienta el cumplimiento por parte de los particulares. "Si no eres parte de la solución, eres parte del problema". Malas políticas de administración tributaria crean o agravan los problemas.

Lo más preocupantes es que, lejos de poner fin a estar malas medidas, se insiste y profundiza en el "error".

La solución es sencilla. Se requiere corregir las malas prácticas, sea con resoluciones generales o particulares. Lo que falta es voluntad.