El empeño de los funcionarios por mostrar transparencia y firmeza no siempre les sirve para ganar el amor. Bien lo sabe Juan José Aranguren, quien en septiembre del 2016 tuvo que vender las acciones de Shell en su poder a fin de garantizar independencia de gestión. Pero ni esa renuncia forzada por la Oficina Anticorrupción liberó al ministro de Energía de la desconfianza que genera su condición de ex CEO de la refinadora en un segmento de la opinión pública y en la propia tribuna empresaria.

Sus interlocutores frecuentes padecen sus modos empecinados, pero Mauricio Macri lo banca a muerte, a pesar de algunas impolíticas gaffes. La más reciente fue la confesión de que tiene ahorros en el exterior a la espera que las condiciones macroeconómicas locales mejoren. Una decisión financiera inobjetable desde la legalidad pero contradictoria con el deseo oficial de atraer capitales de riesgo.

La honestidad de palabra no siempre es un valor en estos ámbitos y a Aranguren puede imputársele incorrección política, falta menor. Pero hay sospechas de otras.

Shell Argentina, que no opera como empresa integrada y debe comprar la mayor parte del crudo que refina, incrementó notoriamente la importación de naftas en el último trienio. Fue por un mix de razones técnicas, empezando por la escasez del Medanito local, insumo base para producirlas. Pero también porque resultó más barato importar el producto que fabricarlo acá.

Esto fue así en parte por la política oficial de garantizar un barril caro a las petroleras y no encarar ninguna acción que limara el alto margen de la refinación. Naturalmente, la máxima autoridad del área es responsable por el diseño de la política y sus consecuencias. Las deseadas y las otras.

Según los registros oficiales, la importación de nafta creció consistentemente en aquel lapso y a Shell le habría correspondido algo más del 40 por ciento del volumen ingresado del exterior, proporción muy superior a su cuota de mercado. Más allá del freno que el año pasado impuso un registro de importaciones, el ingreso del producto no fue libre en aquel lapso y estuvo sujeto a cupos fijados por el Estado.

Los parámetros para otorgar esos permisos resultaron poco nítidos y firmes, según aseguran operadores del mercado. A pesar de que el aval para que Shell importara lo daba el ministerio de Producción y no el de Energía, proliferaron comentarios maliciosos en sobre la supuesta anuencia oficial para que la compañía se beneficie desafiando las restricciones formales y oficiosas.

Aranguren honró su promesa de pagarle a las productoras amparadas en el Plan Gas (hoy terminado) los beneficios devengados en el 2017 con una resolución que promete oblar a partir del año próximo y en 30 cuotas 1583 millones de dólares. Pero lejos de ganarse un aplauso, el puñado de firmas beneficiadas (YPF, PAE y Total a la cabeza) se lamentan la omisión de punitorios y la falta de algún documento en mano. Más aún.

Hay constante lobby sobre el ministerio para conseguir el paraguas del nuevo sistema de subvención, destinado sólo al gas no convencional. El régimen, formalizado a través de la resolución 46, está orientado a fomentar la producción del hidrocarburo nuevo y no a premiar a los proyectos concebidos antes de esa norma. Lo controvertido es la ecuanimidad de la regla que da a unos y quita a otros, fomentando rencores.

"Aranguren no habla con la industria y sus decisiones tienen una fuerte emocionalidad condicionada por su historia en el sector privado", acusó en off the record el ejecutivo de una importante empresa familiarizada con aquellos trámites. Sólo una opinión, pero que podría considerarse calificada y coincidente con otras.

Lo cierto es que la presunta arbitrariedad ministerial no hirió de muerte a ninguna petrolera y su equipo está revisando el alcance de la norma a fin de extender su amparo, mientras las empresas reformulan sus proyectos para conseguirlo. Previendo que el gas de El Orejano no tendrá subvención, YPF destinará u$s 1200 millones para "pinchar" a pocos kilómetros de ahí (Vaca Muerta), con la esperanza de que esos nuevos pozos sí le permitan disfrutar el subsidio o plan estímulo orientado al gas nuevo.

Finalmente, el ministro de Energía acaba de dar la orden de no ejecutar la garantía con la que los inversores de proyectos renovables respaldan la ejecución de su inversión en tiempo y forma. Varios generadores de electricidad verde tienen proyectos demorados, a veces por cuestiones imputables a los gobiernos de distintas jurisdicciones, otras porque ganaron una licitación pero si tener un inversor genuino.

El perdón oficial se funda en el afán de no espantar a los inversores que cumplen con una embestida contra los otros, sugiriendo que Argentina tiene una actitud poco amistosa. Laxitud que para alguno podría entenderse como debilidad o preferencia. Si de pecados se trata, es posible que Aranguren se encamine al purgatorio.