En medio de la conmoción política que todos los días crean las novedades de la causa de los Cuadernos K, para el Gobierno hay una preocupación inmediata que excede cualquier especulación sobre el destino político de Cristina Kirchner o del peronismo. Se trata del destino de todo su plan de infraestructura, comprometido por el efecto dominó del cobro de coimas que instauró la gestión de Néstor Kirchner. Sin capacidad de alimentar las obras que crean empleo y mueven el nivel de actividad, Cambiemos sabe que sus chances electorales caen en picada.
El espejo del Lava Jato hace temblar tanto a los funcionarios como a los inversores, pero también a los empresarios comprometidos. El camino que tomó el gobierno brasileño fue drástico: Petrobras, la petrolera estatal que concentraba las contrataciones y pagos a políticos de todos los colores y regiones del país vecino, cortó todos los contratos. Eso implicó la suspensión de obras y el consiguiente efecto dominó, que abrió paso a una recesión de dos años que culminó en 2017, año en el que tuvo un modesto crecimiento de 1%.
En la Argentina, el gabinete de Mauricio Macri impulsa una suerte de corte temporal, que permita salvaguardar a empresas con accionistas o directivos comprometidos, siempre y cuando se sometan desde ahora a mecanismos de auditoría y transparencia. El objetivo es garantizar que el nuevo flujo de fondos quede a salvo, así como el capital físico y humano de esas compañías. La pregunta es si los bancos aceptarán que el Estado sea ahora su nuevo garante (ya que esto altera las reglas originales de los PPP), un paso vital porque son los que adelantan los fondos para las obras comprometidas hasta ahora.
Si el Gobierno hace esta movida, es para que la recesión no se extienda demasiado en el 2019. Pero las empresas deben asumir que deben hacer algún sacrificio mayor. La renovación tiene que ser más profunda, porque el compromiso del cambio lo debe asumir una nueva generación. La corrupción debe ser erradicada, no maquillada.