No existe el tan mentado costo social, que provocaría el ajuste. Por el contrario, si el Estado no realiza las reformas, es inmediato el empobrecimiento de la gente.

La primera falacia es la de la desocupación. Naturalmente sobreabunda el trabajo, solamente el déficit habitacional llega a 12,2 millones de viviendas, y hay que sumar hospitales, escuelas, etc. No son los capitales -como se cree vulgarmente- los que producen trabajo: el capital aumenta la demanda de mano de obra -no el trabajo-provocando una suba en los salarios siendo el modo de aumentarlos realmente.

Las leyes que pretenden aumentar el salario provocan desocupación porque, por ejemplo, prohíben que trabaje el que ganaría menos que el salario mínimo. Si el mercado no estuviera interferido policialmente (en base al monopolio estatal de la violencia), el empleo sería pleno y podrían despedirse los empleados estatales, que serían absorbidos por el mercado.

La segunda falacia es que no podría anularse el asistencialismo sin dejar muchos desamparados. Pero, este asistencialismo, es pagado por el Gobierno que recauda por vía impositiva, inflacionaria y endeudándose. En cualquier caso, esta carga fiscal -por la ley de marginalidad- necesariamente es derivada hacia los extremos pobres: así, el gobierno empobrece a los pobres para devolverles lo poco que queda tras una burocracia voraz.

Del 17% de presión tributaria que teníamos hace 30 años, hoy llegaría a 32,6% del PIB. Según el World Economic Forum, los impuestos llegan al 137,4% de las ganancias empresarias, o sea que el Estado gana 37,4% más que la empresa. Y hay que sumarle la inflación (que emite el Estado para gastos) y el endeudamiento que provoca un aumento en la tasa de interés que paga el sector privado. Por caso, al menos el 38% del precio del pan son impuestos directos, y debemos sumarle la mano de obra y los insumos que ya vienen inflados con impuestos. Así, no por otra causa, en Argentina existen 5,6 millones de chicos pobres, según Unicef.

Miremos la construcción. Gracias a los créditos hipotecarios apalancados desde el Gobierno, aunque ya estaban caras, en un año las viviendas usadas aumentaron 7% en dólares y 12% las nuevas. Produciéndose una burbuja: hoy conviene vender la casa propia, poner el dinero a plazo fijo y, con la renta, alquilar una propiedad más cara. Así, para facilitar el acceso a la vivienda, por vía impositiva -que financia este sistema hipotecario- empobrecen a los más pobres y, encima, provocan un aumento artificial en el precio de las propiedades.

Por cierto, habrá que ver cómo realizar estos ajustes. Por ejemplo, si bien hay que desregular completamente el mercado laboral antes de despedir empleados estatales, seguramente los gremios se opondrán. Habrá que empezar, entonces, por liberar la actividad sindical, como hizo Reagan provocando que el poder sindical se diluya en la competencia.