En el siglo XXI, las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) constituyen uno de los pilares fundamentales para el crecimiento económico sostenible e innovador de una Nación.

El aporte más relevante de éstas es su impacto horizontal, dado que afecta a todos los sectores económicos, tanto privados como públicos. Promueven la eficiencia, la creación de nuevos modelos de negocio, de nuevas áreas de actividad económica y, por tanto, impulsan la creación de empleos de alto valor agregado.

El desarrollo digital no solo de la economía, sino de todos los aspectos del sector privado y público de una Nación, se convierte así en la clave para lograr una verdadera competitividad de países y regiones. Y, por tanto, cualquier retraso en su aplicación supone una gran barrera a la hora de competir en una economía global e interconectada.

El impacto de las TICs en el sector público puede ayudar a aumentar considerablemente la eficiencia en ese sector: hacer más con menos. Esto se logra a través de programas para potenciar la interoperabilidad entre los distintos sectores de la Administración pública, ya sea nacional; provincial o municipal, sea administración centralizada o descentralizada.

También ayudan a una colaboración público - privada. Es aquí donde los modelos de colaboración público- privada (CPP) están llamados a desempeñar un papel importante. En el transcurso de la última década, de acuerdo a un informe de PWC International de 2005, el fenómeno de la CPP (formas de cooperación entre la Administración Pública y el sector privado con el objeto de financiar, construir, gestionar, mantener y explotar infraestructuras y servicios públicos), se ha desarrollado en muchos ámbitos que tradicionalmente era de actuación pública de manera exclusiva.

La experiencia demuestra que los modelos de colaboración público-privada incrementan la innovación y el conocimiento, facilitan la introducción de tecnología y generan un alto nivel de calidad y satisfacción entre los usuarios y, en muchos casos, pueden desarrollarse sin costo presupuestario alguno, con cargo al retorno de la inversión que el ahorro producido genera.

Pero como cualquier otro aspecto de la economía, el desarrollo de la economía digital depende del entorno donde se desarrolle, de cuestiones culturales, del nivel formativo del país, de la iniciativa privada, de la actitud de la población, pero también, del entorno legal y de las políticas públicas de cada país.

Desde AmCham compartimos la necesidad de promover esta industria por considerarla estratégica para el desarrollo del país de cara a los próximos años. Argentina necesita una estrategia clara, un plan con metas establecidas, una financiación adecuada y una agenda estructurada.

Por ello, abogamos por el fortalecimiento de los procesos de diálogo institucional que permitan en forma consensuada consagrar políticas de estado en temas centrales de las TICs para el desarrollo integral y sustentable de nuestra economía nacional, conforme un marco legal adecuado.