El pasado 9 de octubre, en el marco del XXVIII Seminario Nacional de Presupuesto Público que realizamos en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, presentamos un informe sobre los subsidios y las compensaciones tarifarias al transporte en la Argentina.

En dicho informe explicamos la necesidad que tienen los distintos países del mundo, desde los más avanzados hasta los más desprotegidos, de generar mecanismos para subsidiar el transporte público de pasajeros, con el objetivo principal de permitir la movilidad de su población para potenciar el desarrollo productivo, evitando las inequidades que puedan generarse por las distancias a recorrer en las grandes ciudades.

También destacamos algunas de las falencias y vicios que el sistema argentino fue generando a lo largo de los últimos años. La ausencia de planificación, la falta de una segmentación adecuada que permitiera subsidiar a quienes verdaderamente lo necesitaban y el creciente costo fiscal asociado (se pasó de $ 4.160 millones en 2006 a $ 112.775 millones en 2013) son solo algunos de ellos. Muchos de estos vicios se empezaron a corregir gradualmente desde 2012, con el traspaso de la Secretaría de Transporte al ámbito del Ministerio del Interior de la Nación.

A partir de ese momento se tomaron medidas para racionalizar el costo fiscal de los subsidios y mejorar los criterios de eficiencia y equidad en su administración. Este giro de política tuvo tres ejes centrales: la generalización de la tarjeta inteligente SUBE, la implementación de un mecanismo de tarifas segmentadas por categorías generales de pasajeros, y una suba gradual del costo del boleto del transporte público automotor y los ferrocarriles de pasajeros del AMBA. Como resultado, el peso de los subsidios al transporte como porcentaje del producto experimentó una leve caída hacia 2013 en relación al máximo alcanzado en 2011.

Partiendo de la base de que los subsidios a la oferta alcanzan a todos los usuarios del transporte público, sin distinción, el problema que se genera a partir de un esquema de tarifas segmentadas es que sólo favorece a quienes se encuentran alcanzados por la seguridad social y no incorpora a quienes son trabajadores informales o no están en algunos de los programas sociales existentes en la actualidad. Esta situación es un inconveniente a enfrentar, pero de ninguna manera invalida una política que debe profundizarse en pos de la equidad distributiva y de la eficiencia del gasto público.

Sin embargo, en la nota publicada en este diario el pasado 10 de octubre sobre el tema en cuestión, se titula como si nuestra organización hiciera la siguiente afirmación: "Los subsidios al transporte excluyen a los más pobres". Nos vemos en la necesidad de aclarar que esta afirmación carece de validez dado que no son los subsidios los que excluyen a dicho sector, ya que, como dijimos anteriormente, los subsidios alcanzan a todos los usuarios del sistema. En cambio, es el criterio utilizado de tarifa segmentada el que genera esta distorsión excluyendo del beneficio a los pasajeros no incluidos en las bases de beneficiarios de la seguridad social y los programas de protección social, como algunos trabajadores informales.

Se deberá trabajar para evitar esta distorsión, y con ese sentido lo planteamos en nuestro informe, pero estamos convencidos de que dicha política es un avance significativo para alcanzar la equidad de un sistema de subsidios al transporte que beneficie en mayor medida a los sectores más desprotegidos de la sociedad, y es por ello que hacemos esta aclaración y este aporte como organización que se ocupa de estudiar las implicancias del accionar del Estado en la vida cotidiana de las personas.