La Auditoría General de la Nación es el organismo del Estado encargado de fiscalizar la racionalidad y la transparencia de los emprendimientos que lleva adelante cada gobierno. Desde 2002, el presidente de la Auditoría es el dirigente radical, Leandro Despouy, abogado, diplomático, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y exiliado entre 1975 y 1983 por haber denunciado la violencia de la Triple A.
Lamentablemente, los antecedentes democráticos de Despouy no alcanzaron para que la Presidenta evitara ayer cortar de mal modo su discurso y lo dejara pagando en un acto compartido por TV en el que se anunció la inauguración del nuevo edificio de la AGN. El pecado de Despouy fue decir que los trabajos de construcción habían empezado en 2002. Cristina lo interrumpió diciendo que entonces estaban destruídos la Auditoría y el país. Y jamás volvió a permitirle la palabra.
Más allá de la falta de respeto al funcionario y a la institución, sería saludable que la Presidenta leyera más seguido los informes de la Auditoría. De haber leído las advertencias sobre el funcionamiento de los trenes quizás se habrían evitado los 52 muertos y el millar de heridos de la tragedia del Sarmiento.