Una vez más, la coyuntura nos llama la atención. El Gobierno parece decidido a evitar cualquier rebote en la tasa de inflación y para ello generó condiciones para que las tasas reales de interés alcancen niveles altísimos y se contenga la depreciación del dólar. Esta depreciación puede tener un origen político: tendencia a dolarizarse en la previa de las elecciones, riesgo de retorno al populismo, posible error en el armado electoral del gobierno con una estrategia a "todo o nada" que parece haber costado algunos votos para alcanzar los necesarios para sostener los vetos presidenciales y, más recientemente, las dudas acerca de cuál será el costo electoral que tendrá que pagar el gobierno por el affaire en la ANDIS. Pero también se paga el costo de no haber acumulado más reservas durante el primer semestre del año lo que hubiera dado alguna capacidad de intervención en el mercado spot con dólares propios. Las consecuencias de las altas tasas de interés son conocidas. Aumento en la morosidad bancaria, freno a la actividad (en especial al consumo de durables que lideraba la recuperación) y aumento en la carga de intereses del Tesoro Nacional. En la medida en que no aparezcan nuevos "cisnes negros" habrá que esperar a que se resuelva la incertidumbre electoral, analizar si la nueva configuración del Congreso permite avanzar en las reformas estructurales y evaluar si el gobierno logra una política monetaria/cambiaria que permita seguir avanzando en los logros antiinflacionarios, pero sin requerir de tasas de interés reales de dos dígitos anuales. Pero en el medio de estas turbulencias financieras no hay que perder de vista los temas estructurales. Uno de ellos es la reforma tributaria que incluye como uno de sus capítulos centrales a una mejora/reemplazo del gravamen provincial a los ingresos brutos. Dentro de las opciones a evaluar no habría que dejar de lado la posibilidad de financiar el costo fiscal que tendría una reducción/eliminación de este impuesto con una rebaja del gasto público primario de las provincias. Con información oficial al primer trimestre de este año se puede comparar el esfuerzo de reducción del gasto público primario en la Nación con el de las provincias. Si se toma como referencia el mismo período del año 2023 se puede observar que la Nación redujo el gasto en 29% en pesos constantes y las provincias sólo en 12%. La reducción en el gasto fue mayor a nivel nacional en cada uno de los ítems importantes, incluyendo el de personal que es la principal erogación de los gobiernos subnacionales (cayó 10% comparado con 24% en el gobierno nacional). Si las provincias hubieran realizado el mismo esfuerzo de reducción de gasto que hizo la Nación podrían haber acotado a la mitad el impuesto a los ingresos brutos y, de esa forma, aportado a una mejora en la competitividad de sus actividades productivas y en una rebaja de precios al consumidor final. Si bien es cierto que la licuación inicial del gasto se habría revertido parcialmente en los trimestres siguientes, de todos modos, se podían generar los ahorros que permitieran financiar una baja significativa en dicho gravamen. Además, la evolución en el gasto primario fue bastante diferente entre provincias. En tres jurisdicciones aumentó entre 5 y 10%, mientras que en dos se redujo incluso más que lo que logró bajar el gasto el gobierno nacional y en otras once se redujo más que el valor promedio de las 23 jurisdicciones con información disponible para ese período. Un patrón similar se observa en el gasto salarial de las provincias que explica casi la mitad de su gasto primario. Hay cinco provincias que lo aumentaron en términos reales entre principios del 2023 y principios del 2025, pero hay doce que lo redujeron en más del 10%, que es el promedio de las 23 jurisdicciones. Es un dato conocido que existe exceso de empleo público en las provincias. El gráfico a continuación mide el empleo público cada 1000 habitantes que había en 2023 (muy superior al necesario y que, por ejemplo, fue 33% más alto que el registrado en el año 2000) y en el eje horizontal mide la variación en el gasto en personal observada entre 2023 y 2025. El gráfico se divide en cuatro cuadrantes tomando como centro al promedio observado en las 23 provincias con datos. Se pueden ver que en el cuadrante Noreste aparecen 9 provincias que tenían muchos empleados públicos en relación a su población y que, a pesar de ello, han aumentado el gasto salarial por encima del promedio. Y en el cuadrante Sudoeste las que tienen menos empleo público y redujeron el gasto en personal más que el promedio. En el cuadrante Noroeste se pueden ver las provincias que tenían más empleo público que el promedio pero que avanzaron en reducir el gasto en personal más que el promedio. Estas diferencias entre provincias refuerzan la conclusión de que hay un espacio importante para reducir el gasto. Simplemente hay que replicar lo que hacen las jurisdicciones más austeras. Con eso se podría lograr avanzar en una reducción del impuesto a los ingresos brutos como se había pautado en los pactos fiscales y que, lamentablemente, dejaron caer en el gobierno anterior.