Hay momentos en la historia de un país en que las condiciones se alinean de una manera poco frecuente. Argentina está viviendo uno de esos momentos. Y lo digo con conocimiento de causa: con más de 35 años de experiencia invirtiendo en mercados emergentes, pocas veces vi una convergencia de oportunidades tan clara como la que ofrece Argentina hoy.

Cuando uno recorre el mapa de oportunidades disponibles en el país hoy -energía, minería, agroindustria, economía del conocimiento, real estate, finanzas- resulta difícil encontrar un sector que no tenga potencial.

Chile exporta 55.000 millones de dólares en minería; nosotros, con la misma cordillera, exportamos apenas 3.000. JP Morgan tiene alrededor de 5.000 empleados en Argentina prestando servicios al mundo, y Accenture más de 10.000. Son solo dos ejemplos de lo que la economía del conocimiento puede generar en términos de empleo de calidad, con salarios competitivos y proyección internacional. Y el mercado hipotecario, prácticamente inexistente durante años, volvió con este gobierno y tiene un potencial de desarrollo enorme: cuando el crédito se normaliza, transforma la economía real.

¿Cuándo fue la última vez que Argentina tuvo un presidente con esta convicción sobre lo que hay que hacer, sin atarlo a una perpetuación en el poder? Hay que remontarse a los primeros años de los 90. La diferencia es que hoy el punto de partida es más claro: sabemos exactamente cuáles fueron los errores del pasado y tenemos frente a nosotros una hoja de ruta que los evita.

El sistema financiero argentino es uno de los más pequeños del mundo en relación a su economía. Los préstamos representan menos del 10% del producto. Eso no es un problema: es una oportunidad de crecimiento extraordinaria. Cuando ese número empiece a moverse —y ya está empezando a moverse— el impacto sobre el nivel de actividad va a sorprender a más de uno.

A esto hay que sumarle otra herida que todavía no cicatrizó del todo: la estatización de los fondos de pensión en 2008 fue uno de los errores más costosos de la historia económica argentina reciente. No solo porque se usaron los ahorros de los trabajadores para financiar gasto corriente, sino porque se eliminó de un plumazo al jugador más importante del mercado de capitales local.

Los fondos de pensión son, en cualquier economía que funciona, los grandes inversores de largo plazo: financian infraestructura, compran bonos corporativos, sostienen el mercado de renta variable, y son además los principales compradores de hipotecas, dándole profundidad y liquidez al mercado inmobiliario. Sin ellos, el mercado de capitales argentino quedó raquítico, dependiente del humor externo y sin capacidad de canalizar el ahorro doméstico hacia la inversión productiva. Reconstruir eso lleva tiempo, pero es una de las tareas más urgentes si Argentina quiere crecer de manera sostenida.

Naturalmente, hay quienes señalan las dificultades. La inversión privada todavía está por debajo de donde debería estar. La clase media siente el peso de la transición. Los sectores acostumbrados a un mercado cerrado van a tener que reinventarse. Todo eso es real.

Pero hay que ser honestos: décadas de populismo no se resuelven de un día para el otro. Bajar la carga impositiva, eliminar regulaciones que asfixian la actividad —todo eso es necesario y urgente, pero lleva tiempo ejecutarlo bien. Confundir el ritmo inevitable de esas reformas con una señal de fracaso es un error de diagnóstico que Argentina no puede darse el lujo de cometer otra vez.

Lo que está pasando en el mundo también importa. Vemos cómo ciudades como Nueva York debaten subir impuestos a los patrimonios más altos para financiar programas de gasto. El resultado predecible —y documentado en California, en Illinois, en otros estados— es la migración silenciosa del capital y del talento hacia jurisdicciones más competitivas. Argentina, que estuvo del lado equivocado de esa ecuación por décadas, tiene hoy la oportunidad de posicionarse del otro lado.

Las inversiones que se están estructurando en minería, en gas y petróleo, en el campo, son de una magnitud que todavía no terminamos de internalizar. Para un desarrollo sostenible, Argentina necesita llegar a una tasa de inversión de entre 25 y 27 puntos del producto por año —estamos todavía lejos de ese umbral, pero la dirección es la correcta y los proyectos que se vienen tienen la escala para acercarnos. Cuando eso ocurra, el país que veremos va a ser materialmente distinto al de hoy.

Hay otra consecuencia de este proceso que todavía no se discute lo suficiente: Argentina va a ser más federal que nunca. Las inversiones que se vienen —minería en el NOA, Cuyo y la Patagonia, gas y petróleo en Neuquén y Santa Cruz, agroindustria en el centro y el litoral— no van a crecer en Buenos Aires. Van a crecer en el interior. Por primera vez en mucho tiempo, las provincias que históricamente dependían de la coparticipación van a poder pararse sobre sus propios recursos. Eso no es un dato menor: es un cambio estructural en cómo se distribuye la riqueza en el país.

Pero hay algo que va más allá de lo económico y que también hay que nombrar: Argentina atraviesa una crisis ética y moral que es urgente desterrar. Décadas de populismo no solo destruyeron el tejido productivo del país —también normalizaron la corrupción, el clientelismo y la dependencia del Estado como modo de vida. Se instaló una cultura del atajo, del ‘vivo’ que esquiva las reglas, del contrato que no se respeta. Ninguna reforma económica va a ser suficiente si no reconstruimos algo más profundo: el valor del trabajo, el respeto por las instituciones y la convicción de que las reglas son para todos. Eso no lo resuelve ningún decreto. Lo resuelve una sociedad que decide, de una vez, jugar en serio.

La pregunta no es si Argentina tiene sectores ganadores. Los tiene, y son muchos. La pregunta es si como sociedad vamos a tener la madurez de sostener el rumbo el tiempo suficiente para verlos florecer.

Esa es la única variable que no depende del mercado, ni del gobierno, ni de los inversores externos. Depende de nosotros.