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La relación bilateral entre Colombia y Ecuador atraviesa uno de sus momentos más complejos en materia comercial. La ministra de Comercio, Diana Morales, confirmó que Colombia evalúa elevar los aranceles a Ecuador del 30% al 50%, como reacción a la decisión adoptada por ese país de encarecer en el mismo porcentaje los productos colombianos.
La medida ecuatoriana implica que las exportaciones nacionales ingresarán con mayores costos, lo que impacta directamente a empresarios y productores. Frente a este escenario, el Ejecutivo colombiano estudia aplicar un ajuste equivalente para restablecer el equilibrio en la balanza comercial y enviar un mensaje de reciprocidad.
Gobierno estudia alza al 50 % y nuevas subpartidas
Morales explicó que, aunque no ha habido diálogo directo con el presidente Daniel Noboa, sí se han mantenido contactos con autoridades del vecino país. “Con su canciller hemos incluso tenido reuniones, comunicaciones escritas; como equipo de Gobierno hemos estado también en Ecuador conversando”, afirmó, al señalar que hasta ahora no se ha logrado una solución concreta.
Ante la falta de avances, la funcionaria reveló que se analiza incrementar el gravamen al 50% e incluir más productos ecuatorianos dentro de la medida. “Estamos estudiando la posibilidad de modificarlo también al 50 por ciento, este arancel, y de contemplar otras subpartidas, otros productos provenientes de Ecuador, de alguna manera para buscar ese equilibrio comercial”, sostuvo.
Impacto en exportadores y disputa en la Comunidad Andina
Ecuador es el sexto destino de las ventas externas colombianas, mientras que para Colombia las importaciones desde ese país ocupan el puesto 16. Según la ministra, la decisión afecta no solo a exportadores, sino también a comunidades que dependen del intercambio binacional. “Esto dificulta, por supuesto, todas las dinámicas de intercambio comercial y afecta a nuestros exportadores, afecta también a las comunidades que de alguna manera dependen de este comercio”, subrayó.
Colombia ya acudió a la Comunidad Andina para solicitar la anulación de las medidas ecuatorianas, proceso que podría tardar hasta cuatro meses. Mientras tanto, el Gobierno evalúa líneas de crédito con Bancóldex para mitigar el impacto en el tejido productivo y cuestiona la justificación de Quito, que ha vinculado la decisión a la cooperación antidrogas, pese a que, según Morales, ya existe coordinación en materia de seguridad.