El debate por el salario mínimo vital y móvil volvió a instalarse en el centro de la escena política y económica de Colombia. En la noche del 19 de febrero, desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro mostró un documento clave que, sin modificar la cifra ya conocida, buscó responder a una exigencia judicial que mantiene en vilo a trabajadores, empresarios y analistas. Aunque el monto del salario mínimo para 2026 ya estaba definido desde diciembre de 2025, el trasfondo legal del aumento abrió un nuevo capítulo. El anuncio presidencial no despejó todas las dudas, pero sí dejó claro que el Gobierno no piensa dar marcha atrás mientras el proceso sigue su curso en los tribunales. Lo que se presentó no fue un simple trámite administrativo. Se trató de un decreto transitorio con el que el Ejecutivo intenta sostener una de sus decisiones económicas más discutidas, bajo un concepto constitucional que promete cambiar la forma en que se entiende el salario mínimo en Colombia. El decreto transitorio sobre el salario mínimo vital y móvil fue elaborado para cumplir una orden del Consejo de Estado, que había suspendido provisionalmente el decreto original y exigido una justificación económica detallada. El Gobierno mantuvo intacto el incremento del 23,7 %, fijando el salario mínimo legal mensual vigente en 2.000.000 de pesos, sin ajustes adicionales. En el texto, el Ejecutivo sostiene que el salario mínimo no debe analizarse únicamente desde variables tradicionales como inflación o productividad. Bajo la interpretación del artículo 53 de la Constitución, el decreto introduce el concepto de salario vital, entendido como un ingreso suficiente para garantizar condiciones de vida digna al trabajador y a su núcleo familiar. El documento también incorpora factores como la canasta vital, la composición de los hogares, la evolución del empleo y la contribución de los salarios al ingreso nacional. Según el Gobierno, estos elementos permiten justificar un aumento que supera ampliamente los indicadores macroeconómicos clásicos. El Consejo de Estado había solicitado al Gobierno explicar cómo se llegó a un aumento del 23,7 % en un contexto de inflación cercana al 5 %, productividad inferior al 1 % y crecimiento económico moderado. El nuevo decreto responde señalando una desaceleración inflacionaria, una mejora en el empleo y un desempeño económico superior al promedio de países de la OCDE. El Ejecutivo destacó, además, la reducción del desempleo y la creación de más de dos millones de puestos de trabajo desde 2022. Para el Gobierno Petro, estos datos respaldan la idea de que el salario mínimo vital y móvil no pone en riesgo la economía, sino que fortalece la demanda interna y la justicia social. Pese a las críticas de sectores empresariales y de algunos expertos, el consenso político ha sido mantener la cifra mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo. El decreto ya está en manos del Consejo de Estado, que deberá definir si los argumentos presentados son suficientes para sostener el aumento del salario mínimo en 2026.