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Una nueva propuesta legislativa en Colombia podría cambiar las condiciones laborales de miles de empleados del sector público y privado mediante el proyecto de ley 415 de 2025 que busca una licencia remunerada de 5 días hábiles para los trabajadores que cumplan con ciertas condiciones.
La iniciativa, impulsada por el representante a la Cámara Silvio Carrasquilla, esta dirigida para aquellos trabajadores que formalicen su relación, como un reconocimiento legal a la importancia de fortalecer el núcleo familiar.
¿Qué dice el proyecto de ley sobre la licencia remunerada por matrimonio?
El proyecto de ley 415 de 2025 establece que todo trabajador o trabajadora, sin importar la modalidad de contratación ni el tiempo de servicio, tendrá derecho a una licencia remunerada de cinco días hábiles tras contraer matrimonio o declarar la unión marital de hecho, según lo previsto en la Ley 54 de 1990.
La solicitud debe hacerse con al menos un mes de anticipación, y la licencia podrá utilizarse únicamente dentro de los 30 días siguientes a la formalización de la unión. Este beneficio, según el documento, se otorgará una única vez, en tanto medie la misma relación laboral.
¿Quiénes podrían acceder al nuevo beneficio de 5 días libres remunerados?
La iniciativa contempla a todos los trabajadores, incluyendo empleados por contrato, planta o prestación de servicios, sin distinción del sector al que pertenezcan. Además, el beneficio se extendería a los servidores públicos, bajo las mismas condiciones y plazos establecidos para el sector privado.
Actualmente, algunas empresas otorgan este tipo de licencias como parte de sus políticas internas, pero la legislación no obliga a concederlas, aunque, de aprobarse, el permiso se convertiría en un derecho laboral exigible ante cualquier empleador.
¿Qué pasa si el empleador niega la licencia de 5 días libres?
En caso de que la ley entre en vigor y un empleador se niegue a reconocer esta licencia, el trabajador podrá interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo, entidad con capacidad para imponer sanciones económicas a las empresas que infrinjan la normativa laboral.
Este respaldo institucional busca garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores y que ninguna persona vea vulnerado su acceso a un beneficio reconocido por la ley.
