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El presidente Gustavo Petro anunció la noche del 29 de diciembre el nuevo salario mínimo para 2026. La decisión llegó después de que fracasaran las negociaciones entre sindicatos y empresarios. El mandatario decretó un aumento del 23,7%, el más alto desde la Constitución de 1991.
El anuncio se realizó en una alocución presidencial transmitida por los canales oficiales. Con esta medida, 2,4 millones de trabajadores del sector formal verán incrementados sus ingresos a partir del 1 de enero. El decreto incorpora por primera vez el concepto de salario mínimo vital, respaldado por la Organización Internacional del Trabajo.
El salario mínimo en Colombia alcanza los dos millones de pesos en 2026
El salario vital quedó fijado en 1.750.905 pesos. A esta cifra se suma el subsidio de transporte de 249.095 pesos. En total, los trabajadores que ganen el mínimo recibirán dos millones de pesos mensuales.
Este incremento supera ampliamente la inflación anual de noviembre, que según el Dane se ubicó en 5,3%. También está muy por encima de la propuesta empresarial del 7,21% y de la exigencia sindical del 16%. El gobierno justificó la decisión en la necesidad de garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias.
¿Qué es el salario mínimo vital que aplicó Petro?
El salario mínimo vital es un concepto que va más allá del monto legal tradicional. Se basa en los estándares de la OIT y busca cubrir las necesidades básicas de una familia trabajadora. Estas incluyen alimentación, vivienda, vestimenta, salud, educación y transporte.
El presidente Petro explicó que el cálculo toma en cuenta la canasta mínima vital familiar y el promedio de personas que aportan ingresos en cada hogar. “El salario familiar, no individual”, señaló el mandatario durante su intervención del 23 de diciembre. Este enfoque marca un cambio estructural en cómo se determina el ingreso base en Colombia.
Los aumentos del salario mínimo durante el gobierno de Petro
Este es el cuarto año consecutivo en que el gobierno de Petro decreta el aumento del salario mínimo sin acuerdo en la mesa de concertación. En 2023, el incremento fue del 16% y el salario quedó en 1.160.000 pesos. Al año siguiente, en 2024, subió un 12,07% hasta 1.300.000 pesos.
Para 2025, el aumento fue del 9,54%, lo que llevó el salario a 1.423.500 pesos. Ahora, con el decreto de 2026, el incremento acumulado en los cuatro años del gobierno alcanza niveles históricos. El mandatario ha defendido esta política argumentando que entre más sube el salario mínimo, el desempleo baja, en contraposición a lo que sostienen economistas tradicionales.
Las reacciones del sector empresarial y los expertos
Los gremios empresariales han expresado preocupación por el impacto del aumento en la economía. Fedesarrollo advirtió que un incremento tan alto podría generar efectos negativos en el empleo formal y aumentar la informalidad laboral. El director de la organización, Luis Fernando Mejía, señaló en diálogo con Blu Radio y Noticias Caracol que la cifra excede los parámetros técnicos recomendados.
El economista Jorge Restrepo de la Universidad Javeriana cuestionó -desde su cuenta de X/Twitter- el uso del concepto de salario mínimo vital. Según él, este se define por hogar y no existe una metodología precisa para su cálculo. Además, advirtió que el aumento automático afecta más de 70 bienes y servicios indexados al salario mínimo, incluyendo matrículas educativas, multas, trámites y tarifas de servicios públicos.
El impacto en pensiones y otros beneficios sociales
El incremento del salario mínimo tiene efectos directos sobre el sistema de pensiones. La consultora Integral Soluciones Pensionales -también desde X- calculó que el aumento incrementaría la nómina de Colpensiones en 6,7 billones de pesos respecto a 2025. Esto produciría un déficit en el presupuesto nacional de 3,1 billones de pesos solo por este rubro.
También se verán afectados los topes de la vivienda de interés social. Con el aumento del 23,7%, el tope de 150 salarios mínimos pasaría de 213 millones a 262 millones de pesos. Los subsidios deberán ajustarse en la misma proporción para evitar que beneficiarios renuncien a sus viviendas por no poder completar el pago.
