En esta noticia
La normativa que regula los contratos de arriendo urbano en Colombia contempla una serie de obligaciones tanto para propietarios como para inquilinos. Sin embargo, existe un punto clave que muchos desconocen: en algunos casos, los dueños de los inmuebles deben pagar una indemnización si incumplen lo establecido en la ley.
El tema cobra relevancia porque no se trata solo de un acuerdo entre particulares, sino de una regulación fijada en el Código Civil y en la Ley 820 de 2003. Allí se define claramente en qué situaciones los inquilinos pueden exigir una compensación económica.
Aunque muchos creen que el arrendador puede terminar un contrato sin mayores consecuencias, lo cierto es que la ley impone condiciones específicas. El incumplimiento de estas reglas no solo invalida la terminación, sino que puede generar sanciones económicas a favor del arrendatario.
Ley de alquileres: propietarios deberán indemnizar a inquilinos
La Ley de Arrendamiento en Colombia establece que, si un propietario decide terminar de manera unilateral el contrato sin una causa justificada y sin previo aviso, debe pagar al inquilino una indemnización equivalente a tres meses de arriendo. Esto aplica incluso si el contrato ya lleva tiempo en ejecución y el inquilino ha cumplido con todas sus obligaciones.
Además, si el propietario no respeta el tiempo de preaviso de tres meses para dar por terminado el contrato, también está obligado a indemnizar. Este punto busca garantizar estabilidad en la tenencia de vivienda y proteger al arrendatario de decisiones arbitrarias.
Obligaciones de propietarios y protección de los inquilinos
La ley también protege a los inquilinos frente a incrementos irregulares del canon o frente a presiones indebidas para abandonar la vivienda. En estos casos, el arrendador puede ser denunciado y sancionado según lo dispuesto por las autoridades competentes.
El espíritu de la norma es claro: equilibrar la relación entre arrendador e inquilino. Así, mientras el propietario recibe el pago mensual por el uso del inmueble, el inquilino tiene la garantía de que sus derechos estarán protegidos y que, en caso de incumplimiento, podrá reclamar una indemnización justa.
