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La suspensión provisional del decreto que elevó en 23,7% el salario mínimo para 2026 volvió a encender el debate entre el Gobierno, los sindicatos y los gremios empresariales, que desde diciembre advertían sobre los efectos económicos y legales de un incremento de esa magnitud.
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldó la decisión y sostuvo que el aumento “no responde a la realidad económica del país”. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, afirmó que la ilegalidad del decreto era evidente y advirtió que un ajuste desmedido podría poner en riesgo el empleo formal y trasladarse a mayores precios de bienes y servicios, según reconstrucciones compartidas por la Agencia EFE.
Desde la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), su presidente Bruce Mac Master aclaró que el gremio no demandó el decreto y pidió a las empresas buscar mecanismos para no afectar a los trabajadores, al considerar que se han generado derechos que deben protegerse.
Consejo de Estado ordena decreto transitorio y sustento económico
El Consejo de Estado ordenó al Gobierno expedir en un plazo máximo de ocho días hábiles un decreto transitorio que defina el porcentaje del aumento mientras se toma una decisión definitiva.
El alto tribunal indicó que la nueva norma deberá incluir una fundamentación económica detallada y verificable, con la valoración de cada criterio, su cuantificación, la ponderación aplicada y el análisis del contexto económico, todo respaldado con fuentes oficiales.
El salario mínimo para 2026 fue fijado el 30 de diciembre en dos millones de pesos, incluido el auxilio de transporte. El presidente Gustavo Petro calificó el ajuste como un paso hacia el “salario vital”, señalando que beneficia a unos 2,3 millones de trabajadores, cerca del 10% de los asalariados del país.
Gobierno y sindicatos defienden el incremento del 23,7%
El candidato presidencial Roy Barreras llamó a la ciudadanía a manifestarse al considerar que la suspensión afecta a las familias más vulnerables.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, sostuvo que el decreto sigue vigente y es de obligatorio cumplimiento mientras no se expida la norma transitoria, y pidió a los empresarios pagar la primera quincena de febrero con el ajuste correspondiente.
La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) rechazó la suspensión; su presidente, Fabio Arias, la calificó como un acto de injusticia social y pidió expedir un nuevo decreto en las mismas condiciones.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que respeta el fallo y que actuará conforme a la Constitución mediante la expedición del decreto transitorio ordenado.