En Colombia, la Ley de Sucesiones establece reglas específicas para la administración y el uso de los bienes que hacen parte de una herencia. Una de las situaciones más relevantes se presenta cuando entre los herederos hay menores de edad, ya que en estos casos los bienes no pueden ser utilizados ni vendidos libremente durante un período prolongado. Esta restricción responde a la necesidad de proteger el patrimonio del heredero menor y garantizar que los bienes se conserven hasta que pueda ejercer plenamente sus derechos. Por este motivo, la limitación podría extenderse por un plazo largo que, dependiendo de cuándo el heredero alcanza la mayoría de edad, puede llegar a un período de hasta 10 años, conforme a las decisiones que adopte el juez o el notario encargado del proceso sucesorio. Cuando uno o varios herederos son menores de 18 años, la ley colombiana prioriza la protección de su patrimonio. En estos casos, los bienes heredados quedan bajo una administración especial, generalmente a cargo de los padres, tutores o curadores, pero con restricciones claras. Esto implica que propiedades, dinero o participaciones heredadas no pueden venderse, hipotecarse ni utilizarse libremente sin autorización expresa de un juez. El objetivo principal es evitar que el patrimonio del menor se vea afectado antes de que alcance la mayoría de edad. En la práctica, si el menor tiene, por ejemplo, 8 años al momento de iniciarse la sucesión, los bienes podrían quedar inmovilizados durante al menos 10 años, hasta que cumpla los 18. La restricción puede prolongarse cuando existen circunstancias especiales. Esto ocurre, por ejemplo, si el heredero presenta una discapacidad legalmente reconocida o si el juez determina que aún no se encuentran dadas las condiciones necesarias para que administre sus bienes de manera autónoma. También puede extenderse el plazo cuando el proceso sucesorio se ve afectado por conflictos entre herederos, deudas del fallecido o bienes involucrados en litigios. En estos casos, la administración y el uso efectivo de la herencia pueden demorarse más tiempo, siempre bajo supervisión judicial. Mientras los bienes permanecen protegidos, los representantes legales pueden administrarlos, pero únicamente para cubrir gastos necesarios como educación, salud o manutención del menor. Cualquier decisión que implique disponer del capital o de bienes inmuebles requiere autorización judicial previa.