

Con la aprobación del primer debate del Proyecto de Ley 172 de 2024, las tarifas de servicios públicos como la luz, el agua y el gas podrían experimentar una reducción significativa del 30%, especialmente en zonas donde los cobros actuales no se ajustan a las condiciones reales de consumo.
Esta propuesta busca reformar la Ley 142 de 1994, vigente desde hace más de 20 años, y establecer un nuevo esquema tarifario más justo, transparente y adaptado a las particularidades climáticas y regionales de Colombia.
Qué propone la nueva ley sobre tarifas de servicios públicos
El proyecto aprobado por la Comisión Sexta del Senado recibió ocho votos a favor y plantea modificar de fondo el sistema de cobros de servicios domiciliarios. Entre sus puntos clave se destacan:

- Incluir factores climáticos y geográficos para calcular tarifas.
- Evitar cobros por reconexiones o servicios no prestados.
- Establecer periodos de gracia antes de suspender el servicio por falta de pago.
- Mejorar la claridad de las facturas y los derechos del usuario.
Durante los debates preliminares del Proyecto de Ley 172 de 2024 se ha mencionado que las tarifas podrían reducirse hasta un 30%, especialmente en zonas con cobros desproporcionados o condiciones climáticas extremas, pero este dato no esta formalizado.
Qué pasará con el proyecto de ley y a quién beneficiaría
La iniciativa aún debe pasar por varios debates legislativos, pero ya superó el primero en la Comisión Sexta. Ahora se dirige a la plenaria del Senado, donde podría seguir su curso y convertirse en ley si obtiene los votos necesarios.

De aprobarse, beneficiaría a millones de usuarios en todo el país, especialmente en regiones como la Costa Caribe, donde el consumo de energía y agua es más alto debido a las condiciones climáticas, y donde históricamente se han registrado quejas por cobros excesivos.
El proyecto también llega como respuesta a un vacío legal generado por la anulación de un decreto del Gobierno en 2023, cuando el Consejo de Estado señaló que solo el Congreso puede legislar sobre tarifas. La reforma busca corregir esa omisión y devolverle al sistema tarifario un enfoque equitativo, legal y sostenible.













