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Una investigación conjunta entre la Fiscalía, la Policía y la Contrainteligencia Militar destapó en 2025 una red de corrupción dentro del Ejército Nacional. Varios uniformados habrían vendido armas y municiones a organizaciones criminales como los Pachenca, el ELN y disidencias de las Farc. El caso expuso la infiltración criminal en las fuerzas armadas y planteó dudas sobre los controles internos de seguridad nacional.
El epicentro de las operaciones se ubicó en el batallón de ingenieros de Valledupar. Desde allí, militares con acceso privilegiado a depósitos de guerra desviaron material bélico de uso exclusivo de las Fuerzas Militares. Las autoridades capturaron a 23 personas en el marco de esta operación que conmocionó al país.
El negocio clandestino que alimentó al crimen organizado
El soldado Rendón, conocido como alias el Viejo o Pinocho, se convirtió en la pieza central de la investigación. Con más de quince años de servicio, vendió municiones calibre 5.56 a diez mil pesos por cartucho. Las transacciones siguieron métodos propios de las mafias: las partes se grababan mostrando el dinero y las municiones para garantizar el cumplimiento del negocio.
Las autoridades detectaron movimientos financieros sospechosos por más de 2000 millones de pesos en las cuentas de Rendón y su entorno familiar. Estos montos no correspondían al salario de un militar y quedaron bajo investigación por posible lavado de activos. El caso también reveló que el soldado realizaba pagos a sus superiores para obtener permisos de desplazamiento hacia Aguachica, donde intercambiaba municiones y armamento por cocaína.
¿Cómo operó la red de tráfico internacional?
La red extendió sus operaciones más allá de las fronteras colombianas. Alias el Veterano, enlace principal de los Pachenca, estableció contactos en Florida y organizó envíos a través de rutas que incluían Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Seis enlaces en Maicao fueron detenidos, junto con lancheros que transportaban el armamento por Nazareth y Uribia.
En abril de 2025 se registró uno de los episodios más graves: diez fusiles Barrett, de fabricación estadounidense y capacidad para derribar aeronaves, fueron intercambiados en altamar por media tonelada de cocaína. Las embarcaciones que salían cargadas con droga desde Colombia eran las mismas que recibían el armamento en República Dominicana. Este nivel de sofisticación evidenció la fusión entre el narcotráfico y el tráfico de armas.
Vínculos con Venezuela y arsenales robustecidos
La investigación reveló que los grupos criminales también compraron fusiles a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Según el expediente citado por la revista Semana, Venezuela reemplazó fusiles Fal y AK-47 por versiones más modernas. Esto facilitó la venta de los equipos antiguos a redes criminales colombianas.
Los Pachenca cuentan con un arsenal que incluye fusiles R-15, pistolas Five Seven conocidas como matapolicías, AK-47, fusiles Bushmaster calibre 7.62 y fusiles Barrett. Para mantener operativo este armamento, la organización contaba con alias Mecánico, un experto encargado del mantenimiento y gestión de municiones, quien también fue capturado. El escándalo se considera uno de los más graves de los últimos años en las Fuerzas Militares y las pesquisas continúan para identificar a más uniformados involucrados.
