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La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, ocurrida el 13 de febrero de 2026 en Bogotá, desató una reacción inmediata de la Superintendencia Nacional de Salud, que ordenó una auditoría especial a la Nueva EPS para esclarecer lo sucedido. El caso puso nuevamente en el centro del debate el acceso a tratamientos para enfermedades de alto costo en el sistema colombiano.
El menor padecía hemofilia A severa, una enfermedad huérfana que requiere medicación preventiva constante para evitar hemorragias graves. Según la información conocida, su condición se agravó luego de una caída en bicicleta que le provocó un trauma craneoencefálico. La entidad de control expresó condolencias a la familia mientras avanzan las verificaciones sobre la atención recibida.
Denuncias por falta de medicamento y fallas en la atención
Familiares del niño y organizaciones como la Liga Colombiana de Hemofílicos denunciaron públicamente que Kevin habría estado cerca de dos meses sin recibir Emicizumab (Hemlibra), fármaco clave en el manejo preventivo de su enfermedad. La ausencia del tratamiento habría incrementado el riesgo frente a cualquier lesión.
La Superintendencia advirtió que este caso refleja dificultades persistentes en la prestación oportuna de servicios, especialmente cuando se trata de medicamentos esenciales para patologías poco frecuentes. La revisión busca establecer si existieron barreras administrativas o retrasos injustificados en la entrega del tratamiento indicado.
Qué revisará la auditoría contra Nueva EPS
El organismo de control analizará de manera detallada todo el proceso de atención brindado al menor, incluyendo autorizaciones médicas, cumplimiento de protocolos y tiempos de suministro del medicamento por parte de la EPS y de los prestadores involucrados. También evaluará si se respetaron las normas vigentes relacionadas con la atención de pacientes con enfermedades huérfanas.
La entidad señaló que, en caso de confirmarse irregularidades, podrían imponerse sanciones administrativas, multas u otras medidas correctivas. El objetivo es garantizar los derechos de los usuarios del sistema de salud y determinar responsabilidades en un caso que ha generado profunda preocupación sobre la atención en salud en Colombia.