La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Vilma Velásquez Uribe, embajadora de Colombia en Haití, luego de que se conocieran unas declaraciones en las que expresó públicamente su respaldo al candidato presidencial Iván Cepeda. El organismo de control considera que la funcionaria habría incurrido en una presunta participación indebida en política, una conducta prohibida para servidores públicos en Colombia. La controversia comenzó después de una entrevista concedida al medio haitiano Métropole Radio y Televisión, en el programa Le Point. Allí, la diplomática habló inicialmente sobre las relaciones entre Colombia y Haití, pero posteriormente hizo comentarios relacionados con el escenario electoral colombiano y destacó la candidatura de Cepeda, quien representa al Pacto Histórico en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Vilma Velásquez al considerar que sus declaraciones podrían constituir participación en política. Según explicó la entidad, los funcionarios del Estado tienen prohibido intervenir en campañas, promover candidatos o influir en procesos electorales desde sus cargos. Durante la entrevista, la embajadora afirmó que “Colombia ha cambiado” y aseguró que “tenemos un candidato magnífico que es Iván Cepeda”. Además, cuando fue consultada sobre la relación del aspirante con el gobierno de Gustavo Petro, señaló que pertenecía al mismo sector político y lo calificó como “un buen hombre”. Estas palabras generaron fuertes reacciones políticas y llevaron al Ministerio Público a actuar de manera preventiva mientras se determina si existió una falta disciplinaria grave o gravísima. El caso gira alrededor del artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, norma que establece restricciones para que empleados públicos participen en actividades políticas y controversias electorales. La Procuraduría recordó que quienes representan al Estado, especialmente en cargos diplomáticos, deben mantener absoluta neutralidad durante las campañas presidenciales. En este caso, el ente de control considera que las declaraciones de la embajadora podrían interpretarse como un respaldo abierto a un candidato. Además, la entidad señaló que la permanencia de la funcionaria en el cargo podría facilitar nuevas intervenciones políticas durante el proceso electoral, razón por la cual se ordenó la suspensión provisional. La medida disciplinaria estará vigente inicialmente hasta el 31 de mayo de 2026, fecha en la que se celebrará la primera vuelta presidencial en Colombia. Sin embargo, la Procuraduría advirtió que, si se realiza una segunda vuelta, la suspensión podría extenderse hasta el 21 de junio de 2026. Mientras tanto, la Cancillería deberá definir quién asumirá temporalmente las funciones diplomáticas en Haití. Además de la suspensión, el organismo solicitó documentación oficial sobre el cargo de Velásquez, su hoja de vida y una copia completa de la entrevista emitida por el medio haitiano. Luego de que el caso se volviera tendencia, Iván Cepeda se pronunció públicamente a través de su cuenta en X. El candidato presidencial pidió que las autoridades investiguen lo ocurrido y marcó distancia frente a cualquier participación política de funcionarios públicos. El dirigente aseguró que ningún servidor del Estado debe intervenir en actividades de campaña, ni siquiera en favor de su candidatura. También reiteró que el proceso debe adelantarse respetando las normas electorales y disciplinarias. Las declaraciones de Cepeda se conocieron pocas horas después de que la Procuraduría anunciara oficialmente la suspensión de la embajadora en Haití. Por ahora, la medida es preventiva y no representa una sanción definitiva. Sin embargo, la investigación disciplinaria avanzará para determinar si la diplomática utilizó indebidamente su cargo para intervenir en política. Si la Procuraduría concluye que existió una falta grave o gravísima, Vilma Velásquez podría enfrentar sanciones disciplinarias más severas, incluyendo destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.