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La Procuraduría General de la Nación resolvió en firme la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos contra el excanciller Álvaro Leyva. La decisión se dio tras determinar que, en 2023, Leyva actuó de manera irregular al declarar desierta la licitación para la fabricación de pasaportes, proceso en el que participaba la firma Thomas Greg & Sons.
El Ministerio Público concluyó que el entonces canciller desconoció los principios de la contratación estatal, ya que el oferente cumplía con los requisitos establecidos y su exclusión no tenía un fundamento legal válido.
Irregularidades en la licitación de pasaportes en Colombia
La investigación reveló que Leyvano estaba facultado para declarar desierta la licitación, pues la propuesta presentada por la unión temporal liderada por Thomas Greg & Sons cumplía con los pliegos exigidos por la Cancillería. Esta decisión generó un litigio contra el Estado, ya que la compañía aún tenía tres años de contrato vigente para la expedición de pasaportes.
La sanción se enmarca en el contexto de la polémica que rodeó la producción de pasaportes en Colombia, un proceso que fue objeto de disputas jurídicas y cuestionamientos técnicos sobre la capacidad de la Imprenta Nacional para asumir esa responsabilidad en el futuro.
Pasaportes en Colombia: continuidad del contrato con Thomas Greg & Sons
Pese a la controversia, el Gobierno determinó que la fabricación de pasaportes continúe en manos de Thomas Greg & Sons hasta el 30 de abril de 2026. La idea es que, después de esa fecha, la Imprenta Nacional en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal asuma la tarea.
Sin embargo, este plan fue duramente cuestionado por expertos y exfuncionarios, entre ellos Laura Sarabia, quien señaló que la Imprenta Nacional no cuenta con la capacidad técnica suficiente para garantizar la producción de los documentos de viaje.
Consecuencias políticas y jurídicas para Álvaro Leyva
Con esta decisión, la Procuraduría cierra uno de los capítulos más polémicos del paso de Álvaro Leyva por la Cancillería. La inhabilidad de 10 años implica que no podrá ocupar cargos públicos en Colombia durante ese período, lo que representa un golpe a su carrera política.
El fallo también envía un mensaje sobre el manejo de la contratación pública en Colombia, especialmente en procesos estratégicos como el de la expedición de pasaportes, un servicio esencial para los ciudadanos y para la política exterior del país.
Con información de EFE.-
