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La implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia volvió a quedar en el centro del debate institucional. A pocos meses de su entrada en vigencia, prevista para el 1 de abril de 2026, la Contraloría General de la República reiteró que persisten riesgos relevantes que podrían afectar la continuidad del servicio y el patrimonio público.
El pronunciamiento del ente de control contradice las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, que aseguró públicamente que el proceso avanza sin retrasos ni riesgos técnicos, financieros u operativos. Según la Contraloría, los hallazgos documentados no respaldan esa afirmación.
La advertencia fue realizada en el marco del control fiscal preventivo y concomitante, una herramienta que busca alertar de manera anticipada sobre posibles fallas en la planeación y ejecución de contratos de alto impacto para el Estado.
La Contraloría advierte riesgos en el nuevo modelo de pasaportes
En una comunicación enviada a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mary, el contralor delegado Luis Enrique Abadía García aseguró que las afirmaciones oficiales sobre la ausencia de riesgos “no se compadecen” con los hallazgos realizados por la entidad.
La Contraloría explicó que sus observaciones se enmarcan en el control fiscal preventivo y concomitante, cuyo objetivo es alertar de manera anticipada sobre posibles afectaciones económicas o fallas en la prestación del servicio. Según el organismo, estos riesgos ya habían sido advertidos tanto a la Cancillería como a la Imprenta Nacional de Colombia.
Retrasos en la implementación y problemas de planeación
El ente de control señaló que existen retrasos comprobados frente al cronograma inicial del nuevo modelo de pasaportes. De acuerdo con la Contraloría, se ha evidenciado un desapego a las fechas originalmente previstas, lo que ha obligado a implementar mecanismos transitorios para garantizar la continuidad del servicio.
Además, advirtió que los cambios reiterados en el cronograma y las prórrogas sucesivas no eliminan los retrasos reales, sino que reflejan problemas de planeación que podrían derivar en incumplimientos futuros y en riesgos para la operación del sistema.
Riesgos financieros y posible impacto en el patrimonio público
Entre los principales señalamientos, la Contraloría destacó la falta de una estimación integral de los costos del nuevo modelo, que incluya todas las etapas del proceso, como personalización, transporte, impuestos y demás gastos operativos.
También alertó sobre el riesgo cambiario, debido a que parte del esquema contempla pagos en euros que serían asumidos por el Estado colombiano, así como sobre la posibilidad de sobrecostos derivados de garantías financieras y de un modelo de producción con cantidades mínimas anuales obligatorias.
Finalmente, el organismo instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a adoptar medidas verificables y oportunas para mitigar los riesgos advertidos y garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes sin afectar los recursos públicos.