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El Congreso de Colombia analiza una iniciativa para endurecer las consecuencias penales contra quienes oculten su identidad y cometan actos vandálicos durante manifestaciones públicas. La propuesta contempla cambios al Código Penal y condenas de hasta ocho años de prisión.
El proyecto es impulsado por los representantes Julio César Triana, de Cambio Radical, y Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático. Sus promotores aclaran que no se pretende castigar a cualquier manifestante que utilice máscaras o pasamontañas, sino a quienes los empleen para evitar ser identificados mientras cometen actos vandálicos.
Ley Anticapuchos: qué propone el proyecto
La iniciativa busca incorporar una nueva figura al Código Penal colombiano. En diálogo con La FM, Triana explicó que una persona podría participar de una protesta con el rostro cubierto sin recibir una sanción siempre que se manifieste pacíficamente.
El legislador mencionó entre las conductas que busca combatir las agresiones contra miembros de la Fuerza Pública y funcionarios, ataques contra CAI y daños a bienes públicos y privados.
Hasta 8 años de cárcel: cuáles serían las penas
El proyecto establece penas de entre cuatro años y medio y ocho años de prisión. Triana sostuvo que esta escala fue planteada con la intención de que el nuevo delito no sea excarcelable y genere mayores consecuencias para quienes aprovechen el anonimato para cometer hechos vandálicos.
¿La propuesta afectaría el derecho a protestar?
Frente a los cuestionamientos, Triana aseguró que la iniciativa no pretende criminalizar las manifestaciones ni impedir que los ciudadanos oculten su rostro. El representante diferenció a quienes protestan pacíficamente de quienes utilizan esa cobertura para cometer delitos.
Otro desafío será determinar la identidad y responsabilidad de quienes participan en hechos vandálicos con el rostro cubierto, especialmente en movilizaciones numerosas. Triana reconoció esta dificultad, aunque consideró que la nueva figura penal podría convertirse en una herramienta adicional para la Fiscalía.
Por ahora, la denominada Ley Anticapuchos continúa su trámite en el Congreso, por lo que las penas propuestas todavía no están vigentes y dependerán de la eventual aprobación de la iniciativa.