La Corte Suprema de Justicia marcó un antes y un después en el ejercicio del derecho en Colombia al sancionar por primera vez a un abogado por utilizar inteligencia artificial (IA) para sustentar un recurso con jurisprudencia inexistente. En el Auto AC739-2026, la Sala de Casación Civil confirmó que el profesional incluyó sentencias con números, fechas y magistrados ponentes que no aparecen en ningún registro oficial, y le impuso una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes. El caso no solo derivó en el rechazo del recurso extraordinario de revisión, sino que fijó reglas claras sobre la responsabilidad de los litigantes frente al uso de herramientas tecnológicas en los estrados judiciales. La decisión se originó tras la presentación de un recurso judicial en el que el abogado citó múltiples providencias que, al ser verificadas por la Relatoría de la Corte, resultaron inexistentes. Las referencias incluían supuestas decisiones con radicados específicos y atribuciones a magistrados, pero ninguna pudo ser ubicada en los repositorios oficiales. De acuerdo con el alto tribunal, no se trató de simples errores de digitación. La conducta fue considerada una falta grave al deber de veracidad y diligencia profesional, especialmente porque, tras un requerimiento formal para corregir el escrito, el abogado volvió a incorporar nuevas citas apócrifas. En total, entre el recurso inicial y el memorial de subsanación, se contabilizaron diez referencias falsas. En el Auto AC739-2026, la Corte dejó claro que la inteligencia artificial no está prohibida en el ejercicio profesional, pero su uso exige un estándar reforzado de verificación. Según el pronunciamiento, los sistemas generativos pueden producir información verosímil pero carente de sustento real, fenómeno conocido como “alucinación”. El tribunal advirtió que ninguna herramienta tecnológica reemplaza la responsabilidad personal del abogado. En consecuencia, fijó criterios mínimos para el uso responsable de IA en litigio: La Corte enfatizó que trasladar la carga de revisión a un sistema automatizado constituye una vulneración directa de los deberes éticos del litigante. La Sala de Casación Civil impuso una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que deberán consignarse a favor de la Rama Judicial dentro del plazo establecido en la providencia. El monto se justificó no solo por la gravedad de las irregularidades, sino por la reincidencia. Después del primer llamado de atención, el abogado presentó un nuevo escrito que profundizó las inconsistencias, lo que para la Corte evidenció negligencia inexcusable.