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Juliana Guerrero, joven que estuvo vinculada con el Gobierno de Gustavo Petro, aceptó su responsabilidad dentro del proceso penal relacionado con los títulos académicos que obtuvo de manera irregular en la Fundación Universitaria San José. La decisión se conoció durante la audiencia realizada este miércoles 9 de septiembre de 2026 en Bogotá.
La Fiscalía formalizó durante la diligencia el preacuerdo alcanzado con la defensa de Guerrero, mediante el cual la procesada aceptó su responsabilidad y obtuvo una reducción en el grado de participación atribuido en uno de los delitos investigados.
Juliana Guerrero aceptó cargos por los títulos falsos de la Fundación San José
La investigación está relacionada con dos títulos que Guerrero habría presentado para acreditar su formación académica: uno correspondiente a Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y otro a Contaduría Pública.
Según la Fiscalía, la joven no cumplió con los requisitos académicos necesarios para obtener esos documentos. El ente acusador señaló que no asistió a clases, no presentó los exámenes correspondientes ni realizó las pruebas exigidas para completar los estudios.
La situación tomó relevancia porque los títulos fueron incorporados a su hoja de vida cuando buscaba cumplir los requisitos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes del entonces Ministerio de la Igualdad.
En el proceso, la Fiscalía le atribuyó los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, al considerar que los documentos fueron utilizados para acreditar una formación que no había sido obtenida mediante el cumplimiento de los requisitos académicos.
¿Qué reconoció Juliana Guerrero durante la audiencia?
Durante la diligencia virtual, Guerrero aceptó los términos del preacuerdo alcanzado con la Fiscalía y reconoció su responsabilidad frente a los hechos relacionados con la presentación de los documentos académicos.
La joven explicó ante el juez que actualizó su hoja de vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) y presentó los títulos con el objetivo de aspirar al cargo en el Ministerio de la Igualdad.
Además, manifestó su arrepentimiento y aseguró que asumía las consecuencias de sus decisiones. También ofreció disculpas a su familia, a las personas que confiaron en ella y a la comunidad académica de la Fundación Universitaria San José.
Como parte de la negociación, la Fiscalía aplicó una degradación de la participación de autora a cómplice en el delito de fraude procesal, una modificación que permitió establecer las condiciones de la pena acordada.
Fue condenada a tres años de prisión por fraude procesal
El preacuerdo establece una pena de 36 meses de prisión, equivalentes a tres años, por el delito de fraude procesal. Además, contempla una multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La negociación también establece una inhabilidad de dos años y medio para ejercer cargos públicos, de acuerdo con las condiciones expuestas durante la audiencia.
La pena pactada hace parte de los beneficios derivados de la aceptación de responsabilidad y de la negociación con la Fiscalía. El acuerdo debe surtir el trámite correspondiente ante el juez, quien debe verificar que cumpla los requisitos legales antes de que quede en firme.
El caso de Guerrero se diferencia del de Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, quien también aceptó su responsabilidad mediante un preacuerdo y recibió una condena de tres años por su participación en la expedición de los documentos académicos.
¿Qué ocurrió con los títulos de la Fundación San José?
La investigación de la Fiscalía estableció que los documentos correspondían a títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que fueron expedidos en julio de 2025.
La Fundación Universitaria San José posteriormente anuló los títulos atribuidos a Guerrero. La institución determinó que la joven no había cumplido con los requisitos académicos correspondientes para obtenerlos.
El expediente también involucra a Luis Carlos Gutiérrez Martínez, quien ocupaba el cargo de secretario general de la institución cuando fueron expedidos los diplomas. La Fiscalía sostuvo que utilizó sus facultades dentro del sistema universitario para autorizar la expedición de los documentos pese a que no se habían cumplido las exigencias académicas.
El exfuncionario aceptó su responsabilidad y un juez de conocimiento avaló su preacuerdo el 7 de septiembre, imponiéndole una pena de tres años de prisión, además de la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas.