La Procuraduría General de la Nación pidió suspender de manera urgente el contrato que dio vida al nuevo modelo de pasaportes en Colombia, una medida que pone en duda la continuidad del sistema que comenzó a operar desde el 1.º de abril. La solicitud se realizó como coadyuvante dentro de una acción popular contra el convenio suscrito entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, con participación de la Casa de la Moneda de Portugal. El Ministerio Público respaldó los argumentos de la demanda y solicitó al juez adoptar medidas cautelares inmediatas, al considerar que la ejecución del contrato avanza y podría consolidar hechos difíciles de revertir. Además, advirtió posibles fallas en la planeación, ausencia de estudios de mercado y cuestionamientos a la figura contractual utilizada. El ente de control aseguró que existen elementos suficientes para frenar el convenio mientras se revisa la legalidad del proceso. Entre los argumentos expuestos, se menciona la presunta ausencia de planeación precontractual y vacíos en los documentos que justificaron la contratación directa. La Procuraduría también respaldó la acción popular que advierte posibles afectaciones a los derechos colectivos, al considerar que el modelo habría limitado la competencia y omitido un proceso de licitación pública abierto a distintos operadores del mercado. Según el documento, se identificaron conductas que podrían vulnerar principios de transparencia, además de establecer responsabilidades y el vínculo jurídico que permitiría adoptar medidas cautelares. Dentro de las observaciones del Ministerio Público aparecen varios puntos clave que generaron la solicitud de suspensión: Estos elementos, según la Procuraduría, podrían afectar la legalidad del convenio y justificar la intervención urgente del juez administrativo. Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta al rol de la Imprenta Nacional de Colombia. De acuerdo con la investigación preventiva del ente de control, esta entidad no ejecutaría actividades sustanciales del contrato. La Procuraduría indicó que su función se limitaría a la personalización de las libretas, mientras que la mayor parte del proceso quedaría en manos del operador extranjero. Esto, según el análisis, desnaturalizaría la figura del convenio interadministrativo y convertiría a la entidad estatal en un intermediario. Bajo este escenario, el Ministerio Público considera que el proceso debió adelantarse mediante una licitación pública que permitiera la participación de diferentes proveedores. El ente de control advirtió que la urgencia responde a que la ejecución del convenio ya está en marcha, con envíos de maquinaria y avance operativo del nuevo esquema. Según la solicitud, cada día que transcurre consolida el contrato y reduce el margen de maniobra del juez para restablecer el orden jurídico. Por eso, pidió decretar una medida cautelar inmediata mientras se resuelve el fondo del proceso. Además, la Procuraduría solicitó que se coordinen las diferentes acciones judiciales presentadas contra el convenio y que se evalúe la estructuración de un nuevo esquema contractual que garantice transparencia y competencia. El Ministerio Público señaló que cualquier decisión debe asegurar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes en Colombia. Por ello, pidió que las entidades demandadas estructuren un esquema alternativo que cumpla los principios de planeación, transparencia y selección objetiva. La solicitud también plantea que se garantice la participación de operadores del mercado en igualdad de condiciones, evitando restricciones y asegurando que el servicio público no se vea afectado. Con esta petición, el nuevo modelo de pasaportes enfrenta un nuevo revés justo cuando iniciaba su implementación, dejando en manos de la justicia administrativa la decisión sobre su continuidad.