En esta noticia
- El gobierno de Trump activa sanciones económicas para presionar la salida voluntaria
- Cómo se aplicarían las multas a inmigrantes con orden de salida
- El impacto económico en hogares mixtos y comunidades vulnerables
- Trump reactiva una ley migratoria olvidada desde 1996
- Disputa entre agencias federales sobre la implementación
El gobierno del presidente Donald Trump anunció la reactivación de una controvertida medida migratoria que impone multasdiarias de hasta 998dólares a inmigrantes con órdenes finales de deportación que permanezcan en EstadosUnidos.
La política, basada en una ley aprobada en 1996, también contempla la confiscación de bienes a quienes no paguen, y podría aplicarse de forma retroactiva por hasta cinco años, generando deudas millonarias por persona.
Con esta estrategia, la administración Trump busca presionar a más de 1,4 millones de personas que ya recibieron una orden de expulsión para que abandonen el país de maneravoluntaria.
El gobierno de Trump activa sanciones económicas para presionar la salida voluntaria
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha implementado una nueva medida migratoria que establece multas diarias de hasta 998 dólares para migrantes que permanezcan en el país pese a tener una orden final de deportación. Esta política se basa en una ley de 1996, inactiva durante más de dos décadas, que también permite la confiscación de bienes a quienes no paguen.
De acuerdo con documentos oficiales obtenidos por Reuters, la normativa se aplicaría de forma retroactiva por hasta cinco años, lo que podría generar deudas superiores al millón de dólares por persona. Esta estrategia apunta a unas 1,4 millones de personas que ya fueron notificadas por jueces migratorios.
Cómo se aplicarían las multas a inmigrantes con orden de salida
La administración Trump está utilizando la aplicación CBP Home (anteriormente CBP One) para notificar a los migrantes en situación irregular sobre su obligación de abandonar el país. Si no cumplen, comenzarán a acumular multasdiarias desde el vencimiento de su orden de deportación.
Además, el Departamento de Justicia está evaluando utilizar su división de confiscaciones civiles para embargar propiedades de migrantes que no cumplan con los pagos. Esta ofensiva busca acelerar los procesos de salida voluntaria y reducir la población migrante irregular en Estados Unidos.
El impacto económico en hogares mixtos y comunidades vulnerables
La medida afecta también a los hogares mixtos, donde residen tanto inmigrantes sin estatus legal como ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Según el análisis de FWD.us, más de 10 millones de migrantes viven en este tipo de hogares en EE.UU., lo que podría generar consecuencias financieras severas para familias enteras.
El Migration Policy Institute advierte que el 26% de estos hogares vive por debajo del umbral de pobreza, por lo que la capacidad de pago sería extremadamente limitada. Hasta el momento, el gobierno no ha detallado posibles exenciones o ajustes para casos de vulnerabilidad económica.
Trump reactiva una ley migratoria olvidada desde 1996
La ley que permite imponer multas a inmigrantes con orden de expulsión fue promulgada en 1996, pero no tuvo aplicación práctica hasta 2018, durante el primer mandato de Trump. En ese entonces se intentó sancionar a nueve personas refugiadas en iglesias, aunque las multas fueron retiradas.
La política fue eliminada durante el gobierno de Joe Biden, pero ha sido reactivada y ampliada tras el regreso de Trump a la presidencia en 2025. El objetivo es aumentar la presión legal y financiera sobre quienes permanecen en el país de forma irregular.
Disputa entre agencias federales sobre la implementación
Aunque la medida ya fue anunciada, existen diferencias dentro del gobierno sobre qué agencia debe implementar las sanciones. El Consejo de Seguridad Nacional propone que sea CBP, mientras que un memorando reciente sugiere que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene mayor capacidad operativa.
El CBP ha reconocido que sus sistemas actuales no permiten ejecutar esta política de forma efectiva, lo que obligaría a contratar más personal y actualizar la infraestructura tecnológica.
