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El Reino Unido vive una tormenta detrás de los muros carcelarios. Con más de 90 000 reclusos y celdas improvisadas en comisarías, el sistema penitenciario roza el colapso.
El nuevo gobierno laborista reconoce que construir prisiones ya no basta: hace falta una medida drástica, todavía secreta para la opinión pública, que alivie el hacinamiento y reduzca los crímenes más temidos.
Las filtraciones hablan de una intervención nunca antes aplicada de forma masiva. Se diseñó para quienes cumplen condena por delitos sexuales y apuntaría directo a la raíz biológica del impulso delictivo.
Funcionarios de Justicia la describen como "un giro médico-legal" que podría cambiar el modo en que entendemos el castigo, de acuerdo a la agencia Reuters.
La polémica droga que el gobierno quiere usar contra violadores
La pieza central del plan se llama castración química: un tratamiento con antiandrógenos y antidepresivos que baja la testosterona y silencia pensamientos sexuales compulsivos.
En la actualidad es voluntario y marginal, pero la ministra Shabana Mahmood evalúa hacerlo obligatorio para los agresores más peligrosos.
El anuncio incluye la extensión inmediata de un piloto a 20 cárceles de Inglaterra y Gales y la posibilidad de liberar antes a quienes acepten el protocolo.
El informe que respalda la medida recuerda que los delitos de índole sexual representan ya 21 % de la población reclusa adulta y advierte que la reincidencia golpea de lleno a las mismas víctimas.
¿Milagro estadístico o bomba ética?
Los defensores del plan citan estudios británicos y alemanes que registran caídas de hasta 60 % en la reincidencia tras la aplicación de la terapia hormonal, siempre acompañada de apoyo psicológico intensivo. Para un sistema agobiado, esa reducción significaría cientos de agresiones menos cada año y millones ahorrados al erario.
Pero psiquiatras forenses, ONG y juristas alertan sobre los efectos secundarios -osteoporosis, depresión severa- y sobre la posible violación de los derechos humanos si la administración de fármacos se vuelve coercitiva. Varios médicos del NHS ya anticiparon que se negarían a practicar el procedimiento sin consentimiento expreso.
Lo que esta decisión significa para Colombia
Aunque parezca un debate distante, la medida británica llega cuando Colombia registra 4 735 denuncias de presunto abuso sexual solo en el primer trimestre de 2025, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Si Londres demuestra que la castración química reduce la reincidencia sin vulnerar derechos, la presión para importar la fórmula crecerá en Bogotá y en otras capitales de la región que buscan bajar índices de violencia sexual sin sobrecargar sus cárceles.
