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La promesa de "expulsar a todos los inmigrantes irregulares" regresa a la primera línea política en EE.UU., pero casi nunca se detalla qué supondría en la práctica. El Pew Research Centerestima que en 2022 residían 11 millones de indocumentados en el país, una cifra estable desde 2017.
Varios informes oficiales y académicos acaban de traducir ese reto demográfico a dos variables clave: años de operativo y coste fiscal. Los resultados descolocan incluso a los partidarios más duros del control migratorio.
Un ritmo que aplaza la meta más de 40 años
El Informe Anual de ICE 2024registró271.484 deportaciones, el máximo en una década. Mantener esa marca implicaría algo más de 40 años para vaciar el país (11.000.000 ÷ 271.484).
El récord histórico -409.849 expulsiones en 2012- recortaría el plazo a casi 27 años, pero exigiría sostener cada ejercicio una entrega que ni siquiera la propia agencia ha podido repetir.
La factura oculta de la deportación total
Un estudio pionero del American Action Forum calcula que cumplir el objetivo costaría entre USD 400.000 y 600.000 millones repartidos en al menos dos décadas
Una investigación posterior de la American Immigration Council avisa de que acelerar el calendario elevaría la factura a casi USD 1 billón en solo diez años -unos USD 88.000 millones anuales, cuatro veces el presupuesto de la NASA-.
El cuello de botella judicial y su coste económico
Los tribunales de inmigraciónarrastran un atasco récord de 3,69 millones de casos; con la plantilla actual tardarían una década en cerrarlos sin añadir nuevos expedientes.
Para deportar a todos en un bienio -la meta política más ambiciosa- habría que multiplicar por 20 el ritmo de 2024, contratar 90.000 agentes extra y triplicar las plazas de detención, además de fletar unos 30.000 vuelos charter al año. El American Action Forum advierte de que el plan restaría un 5% de fuerza laboral y recortaría el PIB en USD 1,6 billones.
Más allá de los números: impacto sectorial y precedentes
Sectores como la agricultura, la construcción y la hostelería perderían cientos de miles de trabajadores, con un posible repunte de precios y cuellos de botella logísticos, según la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) citada por el portal Reason.
El único antecedente comparable -la Operación "Wetback" de 1954- expulsó a 1,1 millones de mexicanos en un año, pero afectó a menos del 10% de la población irregular actual y terminó con un reconocimiento oficial de abusos y violaciones de derechos civiles.
