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El caso de Lili Pink volvió a instalar dudas en el sector textil colombiano tras conocerse nuevas pistas sobre una investigación que llevaba años en silencio. Lo que comenzó como un monitoreo interno terminó escalando a uno de los operativos más amplios de los últimos tiempos.
Detrás de las recientes acciones judiciales, la DIAN ya había detectado movimientos inusuales que no encajaban con la actividad habitual del sector. Las alertas surgieron de un sistema diseñado para vigilar irregularidades dentro de la propia entidad.
Sin embargo, en ese momento no todo era claro. Las señales eran fragmentadas, pero suficientes para abrir una línea de investigación que hoy involucra presunto contrabando y lavado de activos en torno a la marca.
Caso Lili Pink: qué detectó la DIAN en la investigación por contrabando y lavado de activos
El origen del caso se remonta a 2022, cuando la DIAN implementó un sistema de monitoreo interno conocido como “el Ojo de la Dian”. Esta herramienta permitió detectar accesos inusuales a bases de datos y consultas que no correspondían a funciones específicas.
A partir de esas alertas, los investigadores identificaron patrones que apuntaban a posibles maniobras irregulares. Entre ellas, el uso de información tributaria sensible y movimientos que no coincidían con operaciones comerciales habituales.
Con el avance del análisis, las autoridades comenzaron a vincular estas irregularidades con un posible esquema de contrabando textil, apoyado en documentos falsos y solicitudes indebidas de devoluciones de IVA.
Estas pistas fueron clave para que la investigación pasara a manos de la Fiscalía, que profundizó en el posible uso de empresas para canalizar recursos de origen ilícito.
Lili Pink y la investigación por contrabando y lavado de activos: allanamientos y extinción de dominio
Con base en estos hallazgos, la Fiscalía General de la Nación avanzó en un proceso de extinción de dominio sobre más de 300 establecimientos vinculados a Lili Pink. Los operativos incluyeron allanamientos en distintas ciudades del país.
Según las hipótesis preliminares, el esquema investigado habría combinado ingreso irregular de mercancía, creación de empresas ficticias y facturación con IVA inexistente para obtener beneficios tributarios indebidos.
Además, se investiga a directivos de la compañía por su presunta participación en delitos como contrabando y lavado de activos, mientras se intenta determinar el alcance real de la red.
Por su parte, la empresa indicó que está atendiendo el proceso con sus asesores legales y que busca garantizar la estabilidad de sus trabajadores. El caso continúa en desarrollo y podría tener nuevas definiciones en las próximas etapas judiciales.