En esta noticia
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que un peritaje privado detectó la presencia del software Pegasus en su celular, un hallazgo que puso en evidencia riesgos sobre la confidencialidad de comunicaciones oficiales y privadas. La denuncia de espionaje, hecha pública por el propio funcionario, encendió alarmas sobre la seguridad de dispositivos usados para asuntos de gobierno.
Según el ministro, el programa permite acceder de forma remota a cámara, micrófono y mensajes, y añadió que estos riesgos obligan a revisar con urgencia los sistemas de protección digital del Gobierno.
Qué dijo el ministro y el alcance de la denuncia
“Pueden activar mi teléfono como cámara o micrófono, y todo lo que yo haga con el dispositivo lo pueden ver”, afirmó Benedetti, según reproducciones de entrevistas en La W y La FM. Ese testimonio motivó solicitudes formales de verificación técnica por parte de asesores y entidades competentes.
El relato destaca no solo el impacto personal, sino también la preocupación institucional por la posible exposición de comunicaciones estratégicas y sensibles.
El funcionario explicó que contrató a un investigador especializado que encontró indicios técnicos del software espía en el equipo. El hallazgo plantea preguntas sobre la protección de los dispositivos oficiales y la necesidad de peritajes adicionales.
Ese peritaje privado fue el origen de la denuncia pública y motivó reacciones oficiales de respaldo institucional. A partir de allí se activaron consultas con entidades de control para coordinar posibles peritajes forenses independientes.
Respaldo del Gobierno y demandas de investigación
Autoridades de la administración expresaron solidaridad y pidieron que los hechos se esclarezcan con rapidez. También anunciaron que evaluarán medidas preventivas para proteger las comunicaciones de alto nivel.
Voces del sector jurídico y de control anuncian ya la necesidad de peritajes forenses independientes y también advierten sobre las responsabilidades administrativas que podrían derivarse más adelante.
El episodio reaviva cuestionamientos sobre protocolos de protección de comunicaciones de altos cargos y la suficiencia de los mecanismos estatales frente a herramientas de vigilancia sofisticadas. Esa discusión incluye propuestas para actualizar normativas y fortalecer la cooperación internacional en ciberseguridad.
Antecedentes y contexto nacional
Pegasus ha sido objeto de controversia en Colombia desde 2021, cuando se difundieron denuncias sobre adquisiciones y supuestos usos por parte de entidades estatales; el episodio actual suma otra víctima declarada y amplía el reclamo por transparencia.
Las implicaciones políticas (entre seguridad, privacidad y responsabilidad estatal) colocan ahora la exigencia de investigación técnica y rendición de cuentas en el centro del debate público.