La política de deportaciones masivas de Donald Trump continúa intensificándose en febrero de 2026, con más de 475.000 expulsiones registradas solo durante 2025, según reveló el director de ICE, Todd Lyons. La administración ha expandido la deportación acelerada a nivel nacional y mantiene redadas activas en ciudades como Minneapolis, Chicago y Los Ángeles. Mientras tanto, programas de protección como TPS y DACA enfrentan cancelaciones y restricciones legales. ¿Qué inmigrantes conservan protección legal y quiénes están en riesgo de expulsión inmediata? Los programas de protección temporal como TPS (Estatus de Protección Temporal) y DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) han enfrentado cancelaciones y restricciones durante la administración Trump. Varios países han perdido su designación TPS, incluyendo Honduras, Nicaragua y Nepal, aunque órdenes judiciales han suspendido algunas de estas cancelaciones temporalmente USCIS. En cuanto a DACA, el programa actualmente solo acepta renovaciones, no nuevas solicitudes iniciales, y continúa siendo objeto de litigios judiciales. La situación del TPS varía según el país de origen: mientras que países como Venezuela, El Salvador, Sudán y Ucrania tienen protecciones extendidas hasta septiembre u octubre de 2026, otros como Somalia perderán su TPS el 17 de marzo de 2026. Haití mantiene su protección temporalmente gracias a una orden judicial del 2 de febrero de 2026 que suspendió la decisión de cancelación. Los beneficiarios de DACA con estatus vigente conservan su protección contra la deportación y pueden renovar sus permisos, pero el programa no acepta nuevos solicitantes desde 2017 El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un programa estadounidense creado por el Congreso en 1990 que permite a nacionales de países designados permanecer temporalmente en Estados Unidos debido a conflictos armados, desastres naturales o condiciones extraordinarias en sus países de origen. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha argumentado que “TPS nunca fue diseñado para ser permanente” y que se había utilizado como “programa de amnistía de facto durante décadas”, justificando así las terminaciones de varios países. La deportación acelerada (expedited removal) es un proceso legal autorizado por el Congreso en 1996 que permite a funcionarios de inmigración deportar a ciertos extranjeros sin audiencia ante un juez de inmigración. Trump expandió este poder a nivel nacional en enero de 2025, permitiendo que se aplique a cualquier persona indocumentada que no pueda demostrar presencia continua en Estados Unidos durante al menos dos años. Anteriormente, este proceso solo se aplicaba dentro de 100 millas de la frontera y a personas detenidas dentro de los 14 días posteriores a su llegada. Durante 2025, el ICE deportó más de 475.000 personas, según reveló el director de la agencia, Todd Lyons, el 10 de febrero de 2026. Las redadas migratorias continúan activamente en febrero de 2026 en ciudades como Minneapolis, Chicago y Los Ángeles, a pesar de controversias y protestas públicas. Datos del Migration Policy Institute indican que durante el primer año del segundo mandato de Trump se realizaron 622,000 deportaciones, superando las cifras de administraciones anteriores. La política migratoria de Trump busca alcanzar un millón de deportaciones durante su segundo mandato IBERO. Con 475.000 deportaciones solo en 2025, la administración superó el récord anual de la era Obama de 438.421 expulsiones en 2013. La expansión de la deportación acelerada y el aumento de recursos para ICE (casi $80.000 millones en capacidad de detención) han convertido esta política en una de las operaciones de deportación más agresivas de la historia estadounidense. Están en riesgo de deportación acelerada las personas que: ingresaron sin inspección (cruzaron la frontera ilegalmente), no pueden demostrar presencia continua de al menos dos años en Estados Unidos, y no ingresaron con visa o parole humanitario. Un fallo del Quinto Tribunal de Apelaciones del 6 de febrero de 2026 permite la detención sin fianza de millones de inmigrantes indocumentados, incluso aquellos con décadas viviendo en el país. Las personas con estatus legal vigente, DACA activo, TPS válido o aplicaciones de inmigración pendientes, mantienen protecciones temporales, aunque se recomienda portar evidencia documental.