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El Gobierno de Abelardo de la Espriella oficializó el cierre de tres mesas de diálogo que habían sido instaladas durante la administración de Gustavo Petro como parte de la política de Paz Total. La decisión quedó plasmada en nueve resoluciones ejecutivas expedidas el 28 de agosto de 2026 y afecta a tres estructuras armadas que mantenían canales de interlocución con el Estado.

El Gobierno de De La Espriella pone fin a las mesas de negociación con grupos criminales. Imagen creada con IA

¿Qué mesas de diálogo cerró el Gobierno de De La Espriella?

Las decisiones del Ejecutivo afectan a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y las estructuras agrupadas alrededor del denominado Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (EMBF), bajo el mando de alias Calarcá, según compartió El Colombiano.

En los tres casos, el Gobierno argumentó que las organizaciones no habían demostrado una verdadera voluntad de avanzar hacia la paz o de reincorporarse a la vida civil. Por ese motivo, las resoluciones no solo terminaron los espacios de conversación, sino que también eliminaron el reconocimiento oficial de quienes participaban como representantes de estos grupos.

En el caso de las estructuras de Calarcá, la Resolución 343 de 2026 puso fin al proceso que había comenzado en octubre de 2023. El Ejecutivo señaló incumplimientos registrados durante el quinto ciclo de conversaciones y consideró que no existían condiciones para acreditar una intención genuina de abandonar las armas.

Además, otra resolución revocó la designación de los representantes que tenían reconocimiento para participar en esas conversaciones.

También terminó la mesa con la CNEB

La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano también perdió el reconocimiento que le permitía mantener conversaciones formales con el Estado. La Resolución 346 de 2026 determinó el cierre de la mesa debido a la pérdida de voluntad de paz atribuida a la organización.

Entre las personas cuyo reconocimiento fue revocado aparece Geovanny Andrés Rojas, alias Araña, quien había participado como representante de la estructura. También fue retirada la delegación gubernamental encargada de ese proceso, incluyendo a su jefe negociador, Armando Novoa García.

La CNEB surgió después de la fragmentación de la Segunda Marquetalia y reunió a antiguos integrantes de diferentes estructuras armadas. Según el Gobierno, tampoco en este caso se encontraron elementos suficientes para mantener el proceso de diálogo y avanzar hacia una eventual reincorporación.

Las Acsn pierden su espacio de interlocución

Las medidas también alcanzaron a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. El Ejecutivo canceló el espacio sociojurídico que mantenía con esta organización al considerar que no había demostrado una disposición efectiva hacia la paz ni hacia el sometimiento a la justicia.

Además de retirar el reconocimiento de sus representantes, el Gobierno ordenó reactivar las órdenes de captura contra sus principales integrantes, una medida que marca una diferencia sustancial frente al tratamiento que recibían mientras permanecían dentro del proceso de interlocución.

También fue revocada la designación del funcionario que actuaba como coordinador gubernamental de ese espacio, dejando formalmente sin una mesa de negociación a la organización.

El Gobierno anuncia un giro hacia la ofensiva contra el crimen

El cierre de las mesas se produce mientras la administración de De la Espriella profundiza su política de seguridad y abandona el enfoque de negociación que caracterizó al Gobierno anterior.

El presidente ya había sostenido que la vía del diálogo con estas estructuras estaba agotada y que, a partir de ahora, los grupos criminales tendrían como alternativa el sometimiento a la justicia. En esa misma línea, el Ejecutivo también avanzó con decisiones relacionadas con la extradición de integrantes de organizaciones armadas y narcotraficantes.

Entre los casos mencionados aparece alias Araña, quien había sido reconocido como gestor de paz durante el Gobierno de Petro y cuya extradición a Estados Unidos fue autorizada. También se aprobaron procedimientos similares para otros cabecillas, algunos de ellos actualmente bajo custodia y otros sujetos a captura.

El nuevo enfoque incluye además planes para reforzar las áreas estatales vinculadas con seguridad e inteligencia y retomar herramientas contra el narcotráfico que habían perdido protagonismo durante la administración anterior.

Con el cierre de estas tres mesas, el Gobierno elimina los mecanismos administrativos que permitían a estas organizaciones mantener una interlocución formal con el Estado y consolida un cambio de estrategia frente a los grupos armados y criminales.