A partir de hoy, las transferencias de autos o motos que se inicien en la página del Registro Nacional del Automotor obtendrán un descuento del 40% sobre los aranceles registrales.
La iniciativa, publicada hace dos semanas en el Boletín Oficial, será solventada con el ahorro producido por la despapelización de los trámites y el avance de la digitalización y modernización del Registro Automotor
El Director Nacional de la DNRPA, Lic. Carlos Walter, expresó: “La implementación del descuento fue dispuesta tras la expresa instrucción del Presidente Mauricio Macri de disminuir los costos que los ciudadanos deben afrontar a la hora de comprar y vender vehículos.
El 08 digital está disponible desde septiembre de 2017 con un descuento del 20% y permite, a través de un proceso simplificado, reducir los tiempos de carga de datos y de procesamiento del trámite. Además, al solicitar un turno online los usuarios pueden elegir el día y la hora para ser atendidos en el registro correspondiente.
A modo de ejemplo, la transferencia de un automotor gama media de cuatro años de antigüedad es:
Es importante aclarar que, sin perjuicio de los aranceles nacionales por el servicio, las provincias y municipios le suman a la operación, impuestos y multas de carácter locales que pueden alcanzar hasta el 5% del valor del vehículo. De esos mayores costos, lo más gravoso es el impuesto a los sellos que todas las provincias perciben por estas operaciones.
Ejemplos de impuestos provinciales a los sellos a pagar en la transferencia de automotores:
-CABA: 3% del valor del auto
-PBA: 2,5% del valor del auto
-Córdoba: 1,5 del valor del auto
Por su parte, el Subdirector Nacional del Registro del Automotor, Dr. Oscar Agost Carreño manifestó que “esta medida fue posible gracias a que hace dos años estamos modernizando el Registro del Automotor: simplificando y digitalizando trámites. Ello permitió ahorrar recursos al Estado, lo que se trasladó directamente al ciudadano en forma de importantes descuentos en el trámite que se haga por medios digitales .
Esta decisión fue dispuesta por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, mediante la Resolución 312/18 y tiene como objetivo brindar un mejor y más eficiente servicio a todos los usuarios, con menos costos.