Del corte de R$ 53.500 millones en la programación presupuestaria brasileña de 2011, detallado el lunes por el gobierno, R$ 19.600 millones corresponden a enmiendas propuestas por los legisladores, lo que significa que sólo se redujo un gasto posible, pero no concreto.

Una parte derivó de estimaciones más realistas sobre algunos gastos, como el caso de la reducción de R$ 8.900 millones en la previsión de gastos con subsidios, lo que no representa un corte efectivo. Lo mismo puede decirse de la disminución de R$ 5.100 millones del programa de viviendas Mi Casa Mi Vida, cuya segunda etapa todavía depende de la aprobación del Congreso de Brasil.

Pero R$ 13.100 millones sustraídos a la ley presupuestaria alcanzaron directamente los ministerios y significarán un corte efectivo.

De ese total, R$ 9.700 millones se recortarán de los gastos para el funcionamiento de la administración pública nacional, y R$ 3.400 millones de las llamadas inversiones administrativas, con la suspensión de nuevas adquisiciones, alquileres y reformas de inmuebles y alquiler de vehículos, máquinas y equipos.

Entre las medidas de ajuste en el funcionamiento de la administración pública, la presidenta Dilma Rousseff debe firmar un decreto reduciendo 50% los gastos con diarias y pasajes de funcionarios públicos. La reducción será de 25% en las áreas de fiscalización y de poder de policía. Ni siquiera escapará el Ministerio de Educación. Tendrá que reducir sus gastos de funcionamiento en R$ 1.500 millones, según informó el lunes la secretaria de Presupuesto Nacional, Celia Correa.

El gobierno decidió además no utilizar R$ 3.500 millones de una reserva de R$ 5.000 millones que había hecho para la contratación de nuevos funcionarios públicos y para conceder reajustes salariales y reformular carreras. No habrá nuevos concursos, no se contratarán nuevos funcionarios y no habrá nuevos reajustes salariales, apenas se mantendrán los que ya fueron concedidos, explicó Correa.

Además, el gobierno decidió reducir los gastos programados con el abono salarial y con el seguro de desempleo en R$ 3.000 millones. La secretaria de Presupuesto admitió que esa es una meta y que, para alcanzarla, el gobierno podrá incluso reducir el plazo de duración del beneficio del seguro desempleo, actualmente fijado en cinco meses. En algún momento se readecuará esa legislación, agregó.

El ajuste detallado el lunes fue superior a los R$ 50.000 millones inicialmente anunciados porque el gobierno aumentó el Presupuesto de este año en R$ 3.500 millones, a través de decretos, para cubrir gastos extraordinarios, como los decurrentes de las inundaciones en la región serrana de Rio de Janeiro. Del total cortado, R$ 36.200 millones correspondieron a gastos discrecionales, R$ 15.760 millones fueron reestimaciones de gastos obligatorios, y R$ 1.600 millones resultaron de vetos de la presidenta a la ley presupuestaria.

El Ministerio de Defensa fue uno de los más afectados por el ajuste porque perdió R$ 4.380 millones. El corte alcanzará la construcción del submarino de propulsión nuclear, en una asociación de la Marina con Francia, la producción de helicópteros y del carguero KC-390 por parte de Embraer. El Ministerio de Defensa tendrá que reducir su mantenimiento operativo y rever contratos en vigor, observó la secretaria de Presupuesto.

El ministro de Hacienda, Guido Mantega, aseguró a su vez que no existen recursos para la compra de nuevos aviones cazas de parte de la Fuerza Aérea este año. No hay espacio fiscal para la compra de esos cazas en 2011, afirmó.

A pesar de que aparentemente fue uno de los más afectados por los cortes, el Ministerio de Turismo no sufrió una reducción significativa. Su presupuesto original era de poco más de R$ 800 millones cuando llegó al Congreso, en la propuesta enviada por el Ejecutivo. Con las enmiendas de los legisladores, Turismo llegó a un presupuesto de R$ 3.600 millones. El corte realizado alcanzó básicamente las enmiendas de diputados y senadores.

El corte en el Presupuesto no concluyó aún. El ajuste detallado el lunes no consideró la pérdida de ingresos con la corrección de 4,5% en la tabla del Impuesto de Renta (IR), anunciada por el gobierno, ni el reajuste del programa Bolsa Familia. Apenas con la corrección de la tabla del IR, el gobierno estima una pérdida de R$ 2.200 millones. Con el reajuste del Bolsa Familia, la estimación extraoficial es de un gasto de R$ 1.200 millones.

La ministra de Planificación, Miriam Belchior, explicó que esas cuestiones se analizarán durante la reestimación de ingresos y gastos presupuestarios que se realizará, por determinación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), alrededor del 20 de marzo. En ese documento, que se enviará al Congreso, el gobierno calculará también los cortes que se harán en los gastos del Legislativo y del Judicial. El corte detallado el lunes alcanzó apenas a los gastos del Ejecutivo. La necesidad de anunciar una nueva reducción el 20 de marzo dependerá del comportamiento de los ingresos.