El gobierno de Brasil no consiguió apretar el acelerador de las inversiones públicas que había planeado para el sector de transportes. Los recursos previstos para obras en rutas, vías de ferrocarril e hidrovías, acciones pensadas como principal antídoto contra el estancamiento económico, no crecieron a la velocidad deseada.

Este año está finalizando con una de las peores ejecuciones presupuestarias del sector de transportes en los últimos tiempos. Ese escenario surge a partir de informaciones del Sistema de Administración Financiera (Siafi). La coordinadora de infraestructura del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea) estructuró los datos.

El plan diseñado para las rutas federales preveía la ejecución total de R$ 13.627 millones a lo largo de este año. Hasta esta semana, se había ejecutado solamente un 48,3% de ese monto (R$ 6.581 millones). El escenario proyectado hasta el 31 de diciembre es poco estimulante.

En caso de confirmarse el promedio histórico de los últimos años relativo a los desembolsos del último bimestre, la proyección indica una ejecución de solo 57,9% del total previsto para las rutas federales, alcanzando a R$ 7.897 millones en el año. Es preciso destacar también que casi 70% de esa ejecución se debe, exclusivamente, a la quita de restos a pagar, es decir, pagos de contratos que se firmaron antes de 2012. Se trata del resultado más tímido registrado por el segmento de rutas desde 2008.

La situación no es diferente en el área de vías de ferrocarril. El transporte sobre rieles, que contaba con R$ 2.751 millones para inversiones este año, recibió R$ 740 millones hasta ahora, lo que equivale a solo el 26,9% de lo planificado. En función del promedio histórico de sus ejecuciones anuales, llegará al 31 de diciembre con menos de un tercio del total previsto, cerca de R$ 888 millones, el peor resultado desde 2007, cuando se inició el segundo mandato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Más complicada que la situación de rutas y vías de ferrocarril es la realidad de las hidrovías. Esas rutas acuáticas, sobre las que el gobierno planificó un paquete de proyectos, terminaron prácticamente excluidas de las prioridades de Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC 2). Las acciones para mejorar el transporte a través de los ríos comenzaron 2012 con una previsión de R$ 817,6 millones en inversiones públicas. Llegaron a esta semana con una ejecución de R$ 309 millones (37,8% del total) y concluirían el año con, como máximo, 45,4% de lo previsto. Será el resultado más débil de los últimos años.

El gobierno comenzó el año hablando mucho de la necesidad de ampliar las inversiones en infraestructura, pero el escenario muestra, claramente, que no consiguió despegar, dijo Carlos Campos, coordinador de infraestructura económica de Ipea.

El ministerio de Transportes realizó una evaluación diferente de este escenario. A través de una nota, la cartera declaró que, hasta final de este ejercicio, su desempeño financiero se ubicará dentro del promedio anual de ejecución del sector. Cabe destacar que diversas obras prioritarias fueron concluidas y otras de igual importancia para el país están en curso, tales como la duplicación de la BR-060/GO (Goiania-Jataí) y la construcción de la BR-448/RS, BR-116/RS, BR-163/PA, emprendimientos cuyo volumen de ejecución es bastante satisfactorio, informó el ministerio.

Hay que considerar también las nuevas obras de mantenimiento, construcción, duplicación y adecuación de la capacidad que se contratarán y que permitirán un gran avance en los niveles de inversión, declaró Transportes, sin brindar detalles sobre esas informaciones.

Según el ministerio, el año incluirá los resultados que se están alcanzando con la actuación destacada del Fondo de Marina Mercante, unidad vinculada a la cartera, que promueve el financiamiento de embarcaciones para la Marina Mercante. Actualmente hay 257 embarcaciones contratadas, además de la generación significativa de empleos, afirmó el ministerio.

El año pasado, la ejecución de obras de transporte se vio perjudicada por la crisis de corrupción en el sector, que explotó en junio, provocando la caída de la cumbre ministerial y la paralización temporaria de contrataciones de obras públicas.