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Las deportaciones masivas promovidas por el presidente Donald Trump enfrentan una nueva barrera legal: la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. De acuerdo con varios expertos en derecho constitucional, esta norma podría proteger a miles de inmigrantes -incluso indocumentados- de ser expulsados del país por ejercer su libertad de expresión.
¿Qué está ocurriendo con las deportaciones masivas en Estados Unidos?
Las medidas del gobierno de Trump para acelerar las deportaciones se han intensificado tras las recientes redadas contra estudiantes internacionales y residentes permanentes que participaron en protestas pro-Palestina. Uno de los casos más emblemáticos es el de Mahmoud Khalil, un inmigrante sirio con residencia permanente que ahora enfrenta la posibilidad de ser deportado por su activismo político.
Estas acciones han desatado una ola de críticas, tanto desde organizaciones defensoras de derechos humanos como desde expertos legales.
¿Qué dice la Primera Enmienda de EE.UU. y por qué es clave?
La Primera Enmienda de la Constitución, ratificada en 1791, garantiza derechos fundamentales como:
La libertad de expresión
La libertad de prensa
La libertad de reunión pacífica
Estos derechos aplican a todas las personas que se encuentren en territorio estadounidense, sin importar si son ciudadanos, residentes permanentes o inmigrantes indocumentados.
"La Primera Enmienda protege a los inmigrantes que ejercen su derecho a protestar, pero existe una zona gris cuando el gobierno argumenta amenazas a la seguridad nacional", explican diferentes abogados expertos en derechos de inmigración.
¿Puede Trump ignorar la Primera Enmienda?
Desde la administración de Trump se afirma que las deportaciones están amparadas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, en particular el Título 8, sección 1182(a)(3)(C). Esta sección otorga al Secretario de Estado -actualmente Marco Rubio- el poder de expulsar a cualquier extranjero cuya presencia sea considerada una amenaza para la política exterior.
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió esta política, afirmando que:
"Las medidas adoptadas son necesarias para proteger la estabilidad nacional. Participar en protestas vinculadas con organizaciones hostiles como Hamás podría ser considerado una amenaza directa."
Sin embargo, abogados de inmigración sostienen que la Constitución está por encima de las leyes ordinarias, y que cualquier intento de deportar personas por manifestarse pacíficamente violaría derechos constitucionales fundamentales.