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El estado de Florida en Estados Unidos, ha implementado nuevas leyes que afectan directamente a los migrantes y su posibilidad de acceder a una licencia de conducir. No podrán obtenerla si no cumplen con un requisito muy importante.
Estas medidas, impulsadas por el gobernador Ron DeSantis, buscan reforzar las sanciones por conducir sin la documentación adecuada. A continuación, se detalla el alcance de la normativa y las reacciones que ha generado.
Qué requisito pide Florida a los migrantes que quieran una licencia de conducir
Florida no entregará licencias de conducir a inmigrantes ilegales o indocumentados.
La ley HB 1589, firmada por el gobernador Ron DeSantis, establece penalidades severas para quienes manejen sin una licencia válida. Esta reglamentación incluye los siguientes puntos clave:
- Aumento de penas carcelarias: conducir sin licencia válida sube de 60 días a un año de prisión para quienes cometan dos o más infracciones.
- Prisión mínima obligatoria: aquellos con tres o más infracciones recibirán una sentencia mínima de 10 días en la cárcel.
- Rechazo a licencias emitidas por otras jurisdicciones: Florida no reconocerá licencias otorgadas por jurisdicciones santuario a inmigrantes indocumentados.
DeSantis justificó estas medidas señalando que buscan garantizar la seguridad de los residentes de Florida y evitar los impactos negativos de la inmigración ilegal. Según afirmó, la ley también refuerza la capacidad del estado para hacer cumplir la normativa vigente.
Críticas a las nuevas restricciones para migrantes en Florida
Las leyes contra la inmigración ilegal en Florida han generado rechazo por parte de diversas organizaciones sociales y civiles. Entre ellas, la Coalición de Inmigrantes de Florida y la ACLU han expresado su preocupación por las consecuencias de estas regulaciones.
- Coalición de Inmigrantes de Florida: Renata Bozzetto destacó que la seguridad vial debería abordarse mediante medidas integrales, como la concesión de licencias a todos los conductores calificados.
- Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU): argumentó que esta normativa impacta de forma desproporcionada a inmigrantes indocumentados, criminalizando actividades cotidianas como transportar a sus hijos.
En este contexto, las críticas señalan que estas leyes no solo afectan a los migrantes, sino también a las comunidades que dependen de ellos para servicios básicos y cuidado familiar.