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Un cambio histórico sacudió a los residentes de San Diego en el verano de 2025. Tras más de cien años con un sistema de recolección de residuos gratuito, la ciudad inició el cobro mensual a miles de hogares, marcando el fin de una política que se remontaba a 1919.
La decisión transformó por completo la relación de los vecinos con un servicio básico y abrió un debate intenso sobre costos, equidad y acceso.
Un servicio que dejó de ser gratuito después de 106 años
Desde julio, los residentes elegibles comenzaron a pagar USD 43,60 al mes, un total cercano a USD 523 al año, por el servicio municipal de recolección de basura.
El gobierno local justificó el cambio argumentando que el sistema gratuito se volvió insostenible ante el aumento de los gastos operativos, de combustible y de gestión de residuos.
Con la nueva norma, solo podrán acceder al servicio público las viviendas unifamiliares o multifamiliares de hasta cuatro unidades, siempre que estén ubicadas en calles públicas. La medida afecta a alrededor de 1,4 millones de personas.
Miles de hogares quedaron fuera del servicio municipal
No todos los residentes pueden continuar con la recolección del municipio. Cerca de 21.000 propiedades fueron excluidas por distintos criterios:
- Edificios con cinco o más unidades
- Desarrollos de uso mixto o comercial
- Viviendas en calles privadas o con accesos privados
- Complejos sin espacio suficiente para colocar los contenedores de basura, reciclaje y orgánicos
Para estos hogares, la única opción es contratar un proveedor privado autorizado, como Republic Services, Edco, Ware Disposal, Universal Waste Systems o WM.
La transición no fue sencilla. Algunos vecinos reportaron demoras, listas de espera e incluso rechazos por parte de las empresas privadas.
Atención: plazos estrictos y riesgo de sanciones
San Diego estableció fechas para hacer el cambio según el día habitual de recolección. Quienes no completaron la transición a tiempo quedaron expuestos a:
- Interrupción del servicio
- Sanciones administrativas por incumplimiento del código municipal
Los residentes podían evitar multas si demostraban que habían sido rechazados por varios transportistas privados, lo que abría la puerta a prórrogas en casos especiales.