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El estado de Georgia aprobó una ley que faculta a bancos y cooperativas de crédito a congelar cuentas y bloquear el acceso a los fondos por hasta 30 días hábiles cuando exista sospecha de fraude financiero contra adultos mayores de 65 años o personas con discapacidad. La norma, oficializada por el Gobierno estatal, entra en vigor el 1 de julio.

La medida corresponde a la ley HB 945, firmada por el gobernador Brian Kemp e identificada como Senior and Vulnerable Adult Financial Protection and Cryptocurrency Kiosk Act. Según el registro oficial de la Legislatura de Georgia, surge ante el aumento de las estafas dirigidas a personas mayores .

¿Qué cambia con la nueva ley y a quiénes alcanza el congelamiento de cuentas?

La ley autoriza a las entidades a demorar de forma temporal una transacción cuando detecten indicios razonables de explotación financiera. El bloqueo puede aplicarse sobre la cuenta de un adulto elegible, sobre aquellas en las que figura como beneficiario o sobre la cuenta de quien sea sospechado de cometer el fraude.

La norma define con precisión a quién protege. Se considera “adulto elegible” a las siguientes personas:

  • Mayores de 65 años.
  • Adultos con discapacidad.
La ley autoriza a las entidades a demorar de forma temporal una transacción cuando detecten indicios razonables de explotación financiera. Fuente: Shutterstock
La ley autoriza a las entidades a demorar de forma temporal una transacción cuando detecten indicios razonables de explotación financiera. Fuente: Shutterstock

¿Cómo funciona el bloqueo de acceso y qué plazos rige el Gobierno?

Si se aplica una retención, el banco debe notificarlo por escrito a todos los autorizados de la cuenta y al “contacto de confianza” en un máximo de tres días hábiles, además de investigar los hechos que motivaron la medida. La excepción: si se sospecha que un autorizado participa del fraude, no se lo notifica.

El congelamiento inicial dura 15 días hábiles y puede extenderse otros 15, hasta los 30 días hábiles. La ley también otorga inmunidad a las entidades que actúen de buena fe y con diligencia razonable.