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La Administración del Seguro Social (SSA) podría enfrentar cambios significativos tras una decisión administrativa que generó una gran controversia.
La medida, inicialmente implementada en Maine, modificaba el proceso de inscripción de recién nacidos al número de Seguro Social, eliminando la opción de realizarlo en hospitales y exigiendo que los padres acudieran a oficinas federales.
Este cambio provocó una ola de críticas por parte de organizaciones médicas y funcionarios públicos, quienes lo consideraron innecesario y perjudicial. Ante la presión, el comisionado interino, Leland Dudek, se vio obligado a revertir la orden y disculparse públicamente.
Seguro Social en riesgo: ¿en qué consistía la medida retractada?
La medida, impulsada por Dudek el 5 de marzo, eliminaba el programa conocido como "Enumeración al Nacer", un sistema que permitía a los padres inscribir a sus hijos en el Seguro Social directamente desde los hospitales. Con esta decisión, los progenitores en Maine debían acudir a una oficina para completar el trámite.
El anuncio generó rechazo inmediato por parte de médicos y funcionarios estatales, quienes señalaron que la eliminación del programa no solo dificultaba el acceso a un derecho básico, sino que también aumentaba los riesgos de fraude e identidad robada. Ante la presión, Dudek reconoció que su decisión fue errónea y reinstauró el programa.
¿Por qué esta medida pone en riesgo el futuro del organismo?
El escándalo desatado por la medida ha generado pedidos de renuncia contra Leland Dudek, quien enfrenta acusaciones de haber actuado por motivos políticos.
Según reportó la Associated Press, un correo electrónico reciente reveló que la eliminación del programa en Maine habría sido una represaliacontra la gobernadoraJanet Mills, quien se opuso a políticas del gobierno de Donald Trump.
Legisladores como la representante Chellie Pingree y el congresista Gerry Connolly han exigido la dimisión de Dudek, argumentando que usó su cargo con fines políticos y puso en riesgo la estabilidad del Seguro Social.
La polémica ha avivado el debate sobre el futuro del organismo y la necesidad de una dirección que garantice su correcto funcionamiento sin interferencias políticas.